Los grupos de izquierda piden una comisión que investigue sobre el juego

Los grupos parlamentarios del PSC, Iniciativa-Verds y ERC solicitaron ayer a la Mesa del Parlament la constitución de una comisión de investigación sobre la política del Gobierno autónomo en materia de juego. La petición está relacionada con la negativa a facilitar información expresada por el Departamento de Economía y Finanzas a diferentes preguntas de la oposición sobre las empresas catalanas de bingos. Economía alegaba que sólo podía ofrecer determinados antecedentes a una comisión parlamentaria de investigación.

El acuerdo al que llegaron los tres grupos de oposición es posterior a una queja del grupo del PSC a la Presidencia del Parlament por la vaguedad de las respuestas recibidas de la Generalitat sobre las facilidades financieras dadas por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) a empresas de juego catalanas. El instituto financiero de la Generalitat prestó en 1997 1.500 millones de pesetas a la firma de la familia Lao International Holding Services, SL. En este mismo sentido, el diputado de ERC Joan Ridao presentó una bateria de preguntas en el Parlament en las que coincidiendo con la reforma del reglamento de las salas de bingo que modifica el concepto de "salas de bingo" por el de "salas de juego", denunciaba posiciones de dominio del grupo Cirsa en el sector de bingos y también requería por las garantías aportadas por el ICF a empresas de juegos de azar. ERC preguntó al Ejecutivo por qué razón el proyecto de reglamento del bingo reserva a la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas (EAJA) las nuevas modalidades de juego de bingo con conexiones informáticas. Ridao pregunta también por las medidas adoptadas para evitar en Cataluña una situación de monopolio en materia de juego. La reforma del reglamento de los bingos levantó airados requerimientos de información por parte de los grupos de la oposición al Parlament. Todos ellos coinciden en detectar una política de compras en los dos últimos años a cargo del grupo Cirsa, propiedad de la familia Lao, que coincide con un nuevo reglamento que permitirá bingos electrónicos interconectados, con premios más elevados. Mientras los grupos de izquierda en el Parlament interrogan a CiU sobre sus relaciones con el grupo Cirsa, la Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas (Aemar) cuestiona que la Generalitat pueda invadir a través de la EAJA el ámbito de la empresa privada atribuyéndose en exclusiva el nuevo sistema de interconexión.