Barcelona perderá el próximo curso 21 aulas públicas de secundaria

VIENE DE LA PÁGINA 1 Uno de los casos más patentes de cierre de aulas es la ciudad de Barcelona. Para el próximo curso, se suprimirán 21 aulas de secundaria que no cuentan con la demanda mínima (30 alumnos por grupo) que exige Enseñanza. Mientras, el sector privado, "pese a tener menos alumnos por aula de los que obliga el departamento", señala el MUCE, sólo verá suprimidas 12. El mapa escolar determinaba para la ciudad 221 aulas públicas de primero de ESO, de las que para el curso 1999-2000 sólo dispondrá de 140. La privada, en cambio, según denuncia Xavier Riu, jefe del gabinete del Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB), tiene tres aulas más de las que establecía el mapa. El mapa escolar elaborado por la Generalitat, que debe planificar la oferta educativa pública y privada, se ha convertido en un instrumento obsoleto debido a tres factores: el descenso de la población en edad escolar, el aumento de aulas concertadas y las migraciones internas. El tema de la supresión de aulas ha producido una gran agitación en los centros de secundaria. El miércoles pasado se desarrolló una asamblea espontánea de profesores en un instituto de Barcelona. Según una portavoz de los profesores, se reunieron representantes de unos 45 institutos y más de 200 docentes. La portavoz, quien quiso mantenerse en el anonimato, aseguró que para el próximo curso, como consecuencia de la supresión de aulas y de la desaparición del COU, más de 100 profesores de secundaria se verán obligados a desplazarse de centro. Esta cifra no pudo ser contrastada con el Departamento de Enseñanza. La portavoz de la asamblea dijo que los profesores apoyan las reivindicaciones del MUCE, aunque quiso dejar claro que la asamblea de institutos no tiene nada que ver con esta organización. La docente también quiso remarcar el descontento del profesorado hacia los sindicatos. "Hay desconfianza hacia ellos", indicó. Movilizaciones El MUCE insta a la Generalitat a cambiar su política educativa y quiere negociar el nuevo acuerdo social con Enseñanza. Si el consejero Xavier Hernández se niega a sentarse a la mesa negociadora, los representantes del MUCE amenazaron con convocar movilizaciones en septiembre, antes de las próximas elecciones autonómicas. "Creemos que es positivo que la educación sea el centro del debate político para que los electores conozcan las propuestas de cada partido". El nuevo acuerdo social nace, según sus promotores, por la falta de apoyo de Enseñanza a la educación pública. El MUCE fue muy crítico con ésta: "La política educativa de Enseñanza ha representado un paso atrás en las expectativas de la enseñanza pública catalana, que no ha recibido el apoyo necesario para avanzar", señala el documento . En este texto se acusa al departamento de beneficiar a la privada concertada. "La perversión del proceso de matriculación permite a los centros privados seleccionar al alumnado y convierte la doble red de centros sostenidos con fondos públicos en un sistema selectivo que traiciona el espíritu de la reforma escolar", concluye el documento. Otras de las reivindicaciones del MUCE es que se modifique el decreto de matriculación y que se permita más participación a la administración local en el proceso de preinscripción. También abogan por garantizar el carácter laico de la enseñanza.