El Gobierno quiere impedir que los kurdos se reúnan en Vitoria

Los servicios jurídicos de tres ministerios -Interior, Exteriores y Administraciones Públicas- buscan la fórmula legal para impedir que los 65 miembros del autodenominado Parlamento Kurdo en el Exilio puedan reunirse en julio en la Cámara vasca. Esta reunión fue autorizada por el acuerdo adoptado el martes en Vitoria con los votos nacionalistas del PNV, EH y EA. Socialistas y populares se opusieron. El Gobierno y la patronal consideran este acuerdo un grave error que hace peligrar los contratos comerciales con Turquía.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, advirtió ayer de que la decisión adoptada por los partidos nacionalistas vascos, que suman mayoría en el Parlamento de Euskadi, perjudica seriamente las relaciones de España con Turquía. La víspera, el propio primer ministro turco, Bulent Ecevit, se había apresurado a declarar en Ankara que el acuerdo va en contra de "la alianza" y "la amistad" entre ambos países y "da alas al terrorismo kurdo". El Gobierno intenta evitar ahora un deterioro en las relaciones con Turquía, máxime después de que los empresarios hayan dado ya la voz de alarma. En juego está una cartera de pedidos por importe de 200.000 millones de pesetas (1.202 millones de euros). Tres ministerios han recibido el encargo de evitar por algún medio legal que los kurdos acudan a la capital vasca a pesar de los acuerdos sobre la libre circulación de las personas. Además de intentar preservar las relaciones de España con Turquía, el Gobierno quiere responder con la ley en la mano a las maniobras del "frente nacionalista vasco" y a su intento de internacionalizar de una manera u otra la cuestión de Euskadi. En la reunión que celebraron el martes en La Moncloa José María Aznar y José Borrell, el jefe del Ejecutivo anticipó que la forma de afrontar el reto del nacionalismo vasco, que ahora utiliza la excusa de los kurdos, es impedir legalmente sus propósitos.