"Un golpe a la educación pública"

La ley aprobada en Emilia-Romagna ha provocado una oleada de condenas en los sectores intelectuales y en la izquierda radical. El presidente de Refundación Comunista, Fausto Bertinotti, ha sido uno de los más duros al considerar que la normativa representa "un golpe a la idea unitaria y universal de la educación pública". El razonamiento del responsable de educación del PPI, Giovanni Manzini, no puede ser más opuesto. A su juicio, "la escuela privada desarrolla un servicio público" y, por tanto, merece un apoyo económico del Estado. De los 5,5 billones de pesetas anuales del presupuesto de educación, unos 300.000 millones son para mejorar la calidad de la enseñanza y los centros. Manzini considera que, en lugar de dividir esa suma entre los siete millones largos de alumnos de los centros públicos, habría que extenderlo a los 900.000 estudiantes de la escuela privada. Y no sólo eso: "Hay que aumentar la dotación, porque las escuelas italianas están a la cola de las europeas". Manzini cree que los padres con o sin recursos deben tener la opción de elegir una escuela no estatal para sus hijos. Y el Estado debe pagar por ello.