Un informe de Bienestar Social critica los "efectos perversos" del "bonocheque"

Un estudio realizado por la Unidad de Inspección de Servicios Sociales del propio departamento critica, en tono constructivo pero sin tapujos, las múltiples deficiencias del programa de bono residencia, el plan impulsado por la Consejería de Bienestar Social, cuya titular es Marcela Miró, para facilitar el alojamiento de personas sin recursos en residencias privadas de la tercera edad. El informe, entre otros "efectos perversos o indeseables", destaca la carencia de plazas, los abusos de algunas residencias y la discriminación que sufren los usuarios con menos recursos económicos.

El servicio de inspección de la Consejería de Bienestar Social concluye en su análisis del programa del bono residencia que las plazas ofertadas son insuficientes para la demanda generada, especialmente en Alicante; también que no existe uniformidad en cuanto a los servicios e instalaciones de las residencia privadas incluidas en el programa y, en términos generales, que sería necesario establecer "un mayor control del uso de fondos públicos" que llegan a las residencias privadas. Además, los inspectores ponen énfasis en las "irregularidades" generadas por la tardanza en resolver las nuevas peticiones de ayudas. Así, el 17 % de las peticiones de subvenciones cursadas en 1998 no se empezaron a conceder o denegar hasta el mes de julio, ya en el segundo semestre del año. Por ello, "las consecuencias inmediatas de los retrasos y los tiempos muertos son sufridos tanto por la residencia como por el cliente", ya que los "procedimientos de pago y de liquidación aplazada" entre usuario y empresa provocan "efectos indeseables" al posibilitar "prácticas anómalas". Asimismo, por parte de las residencias "se dan cobros por encima de módulos sin motivo alguno". Por parte de la Administración, se incurre "en tardanzas insostenibles en la liquidación al cliente". PÁGINA 3