El País Vasco cierra su servicio sanitario a poblaciones limítrofes

Cada uno en su casa y Dios en la de todos. En un mes, el Servicio Vasco de Salud ha roto una costumbre histórica por la que unos 70.000 habitantes de poblaciones cántabras y burgalesas limítrofes con el País Vasco acudían a hospitales y centros sanitarios vascos por razones de accesibilidad geográfica. El Insalud, responsable de las comunidades afectadas, apenas ha tenido tiempo de reaccionar. De momento contabiliza los miles de consultas, ingresos y urgencias que se ofrecen en ellas a ciudadanos vascos durante el veraneo.

Los primeros servicios anulados fueron aquellos que la sanidad vasca contrata con entidades privadas, y por ello tiene que pagar, como son el transporte sanitario, la oxigenoterapia o la diálisis. Después vinieron las anulaciones de primeras consultas con el especialista y, más recientemente, las consultas de revisión. Todo un problema para ciudadanos como los de Castro Urdiales, que llevan generaciones atendidos por especialistas de Bilbao debido a la proximidad geográfica con esta capital. El alcalde, Rufino Díaz Helguera, no entiende "estas fronteras con la sanidad". Porque Castro es ya una villa de primera o segunda vivienda para muchos vascos. El Insalud calcula una población flotante de la vecina provincia en torno a los 4.500, de los cuales 1.200 reciben asistencia médica y farmacéutica regular en Castro.

Todo ha sido muy rápido, recuerda el director del Insalud en Cantabria, Santiago de Cosío. A finales de noviembre recibió una llamada de la Administración vasca y el 16 de diciembre ya tenía en sus manos una de las circulares que el Servicio de Admisión de la sanidad vasca (Osakidetza) enviaba a todo su personal. En ella se especifica que los pacientes de las zonas limítrofes de Cantabria y Burgos, "hasta ahora considerados "agregados", pasarán a tener la consideración de "desplazados", al igual que el resto de usuarios de fuera de la provincia. Esto significa que estos pacientes deberán acudir en primer lugar a los médicos de su región, y que si pretenden seguir atendidos por su especialista de toda la vida, necesitarán una "orden de asistencia" emitida desde su servicio territorial.

El consejero vasco de Sanidad en funciones, el peneuvista Iñaki Azcuna, asegura que los centros de la red asistencial de Osakidetza reciben "muchos más" ciudadanos de otras regiones que a la inversa, lo que genera un balance negativo para su comunidad. "La cifra", recalca, "es difícil de cuantificar, porque no se están cumpliendo los trámites burocráticos. Lo único que pretendemos es que los pacientes que vienen, por ejemplo, a operarse al País Vasco traigan la misma documentación que entregamos nosotros cuando uno de nuestros usuarios va a otra comunidad".

Los acuerdos de financiación sanitaria firmados en 1997 no contemplan el pago entre comunidades; sí un fondo de 53.000 millones de pesetas, llamado de compensación, del cual el País Vasco recibe un 6,24% para hacer frente a sus gastos por desplazados. Al Insalud (10 comunidades) le corresponde el 38,18%.

Cosío discrepa con Azcuna sobre el saldo. A cambio de esa tradicional presencia de Castro y Villaverde de Trucíos en el hospital de Cruces, Cantabria pone en la mesa 40.000 consultas de atención primaria en Laredo el pasado verano a desplazados vascos; 3.500 urgencias y 60 ingresos en este mismo centro durante 1998, además de otras 1.000 urgencias en el hospital de Valdecilla de Santander.

La comarca de Las Merindades (15.000 habitantes), al norte de Burgos, comprende municipios como Valle de Mena, Espinosa de los Monteros, Villarcayo o Medina del Pomar. Una mala carretera de entre 100 y 130 kilómetros, con dos puertos de montaña, separa a estas poblaciones de su capital, Burgos, mientras que hasta los centros de salud especializada de Zalla o de Balmaseda (Vizcaya) sólo hay 20 kilómetros, y hasta el hospital de Cruces, 40. La comarca dispone sólo de centros de atención primaria. La situación de Miranda de Ebro (Burgos) es diferente. Miranda (40.000 habitantes) tiene un hospital comarcal, pero cuando se requieren servicios especiales se derivan los pacientes a los grandes hospitales de Vitoria y no al de Burgos, dada la mayor cercanía.

Azkuna asegura que la decisión de Osakidetza es una disposición administrativa sin connotación política, y asegura que los hospitales y centros de salud vascos no dejarán de atender a estos ciudadanos. Los alcaldes del norte de Burgos han promovido una recogida de firmas para que el Insalud firme un convenio con Osakidetza que garantice la continuidad de prestaciones en los centros vascos, y en el mismo sentido se ha pronunciado el pleno del Ayuntamiento de Castro.

Información elaborada por Lucía Argos, Gabriela Cañas y Eduardo Azumendi.