El Consejo Consultivo tumba cuatro puntos de la ley de acompañamiento del presupuesto

El Consejo Consultivo de la Generalitat dictaminó ayer que cuatro artículos del proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos son inconstitucionales. A la vista de este dictamen, Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP) impusieron la celebración hoy de un pleno en el Parlament para aprobar el proyecto cuanto antes. La oposición anunció que impugnará la convocatoria porque hace caso omiso de los plazos reglamentarios. La incertidumbre sobre el adelanto de las elecciones ha hecho que Gobierno y oposición lleguen a fin de año -y no se sabe si a fin de legislatura- a cara de perro.

Pujol tiene dicho que no anunciará la fecha de las elecciones antes de que esté aprobado el proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 1999. Por esta razón, CiU acusó hace 10 días a los grupos parlamentarios del PSC y de Iniciativa-Verds (IC-V) de solicitar un dictamen sobre este proyecto al Consejo Consultivo, máximo organismo autonómico de consulta jurídica, con la única finalidad de retrasar y dificultar el anuncio de las elecciones. Pero el Consejo Consultivo ha dado la razón a la oposición. Ha considerado inconstitucionales cuatro artículos del proyecto y ha aconsejado modificar otros dos. Y ha advertido genéricamente al Gobierno catalán sobre los riesgos jurídicos y políticos de abusar de este tipo de leyes, que con la justificación de que acompañan al presupuesto se convierten en un totum revolutum, dice el dictamen, en el que se incluyen las más diversas disposiciones. El dictamen, que consta de 50 folios, fue emitido con inusual rapidez y adoptado por unanimidad del Consejo Consultivo. La reacción de CiU fue considerar que la modificación de los artículos objetados por el Consultivo es un asunto "técnico" y utilizó la mayoría que forma con el PP para convocar para la tarde de hoy un pleno del Parlament con el fin de aprobar el proyecto, con las modificaciones requeridas por el consejo. Socialistas y ecosocialistas acogieron esa decisión como un atropello, porque se salta los plazos fijados en el reglamento, y acusaron a CiU de hacerlo con el fin de dejar las manos libres a Pujol para que pueda anunciar ya la fecha de las autonómicas. En busca de un castigo Los convergentes rechazan estas acusaciones. Ramon Camp, su portavoz, aseguró ayer que el único objetivo de la mayoría y del Gobierno catalán es hacer todo lo posible para que la ley de acompañamiento pueda entrar en vigor el 1 de enero junto con los presupuestos, como corresponde. Sostuvo además que acortar los plazos de los trámites parlamentarios es práctica habitual. Los portavoces del PSC y de Iniciativa-Verds, Higini Clotas y Jordi Guillot, respectivamente, replicaron que lo habitual es acortar plazos sólo cuando hay consenso sobre ello y destacaron que, en este caso, "se ha vulnerado claramente el Reglamento" de la Cámara. Clotas habló de "agresión sin precedentes". Estas trifulcas hicieron subir el tono de la discusión en la Junta de Portavoces, en la que se intercambiaron airados argumentos sobre "la degradación del Parlament" y se convirtió en un índice de la elevación de la temperatura política catalana en las últimas semanas. PSC e Iniciativa persiguen ahora que Pujol no disponga de ningún momento cómodo para anunciar un adelanto electoral, en busca de un castigo como el sufrido por el presidente francés, Jacques Chirac, cuando adelantó las elecciones legislativas en su país. Tanto el PP como ERC se han situado al margen de este forcejeo. El portavoz de ERC, Jordi Portabella, que ayer se abstuvo, puso un argumento en favor de CiU y otro a favor de la izquierda, en una muestra más de la equidistancia que busca sistemáticamente. Es cierto que se fuerzan los plazos, dijo, pero también lo es que conviene aprobar el proyecto antes de fin de año. El PP ha apoyado a CiU sin titubeos en esta batalla, obligado por los pactos presupuestarios mutuos.