Tres imputados de Banesto niegan ser responsables de la querella contra Olabarría

El magistrado instructor del caso Estevill, Antoni Bruguera, tomó ayer declaración al abogado Rafael Jiménez de Parga, representante jurídico de Banesto en el caso Olabarría, en el que se estudia la comisión de un supuesto delito de cohecho por parte del ex juez Luis Pascual Estevill. Ni Jiménez de Parga ni los ejecutivos de Banesto en Cataluña, Miguel Ángel Calama y Carlos Ruiz -que también declararon ayer- asumieron la responsabilidad de haber interpuesto la querella contra los industriales que Estevill envió a prisión. Jiménez de Parga no ofreció al tribunal explicaciones sobre el hecho de que el auto de prisión que Estevill firmó contra Pedro Olabarría y los hermanos Romero incluyera datos que no constaban en la querella ni en las declaraciones ante el juzgado. El letrado negó haber mantenido conversaciones con el juez. Los tres declarantes coincidieron en negar supuestos pagos a Estevill por admitir la querella, aunque Carlos Ruiz explicó que toda la profesión conocía en Barcelona como actuaba Estevill y que era capaz de cualquier cosa. Tanto Calama como Ruiz rechazaron la responsabilidad de haber facilitado la documentación necesaria a Jiménez de Parga para preparar la querella. Esa información llevó al abogado externo a calificar los hechos como delito de alzamiento de bienes. Miguel Ángel Calama, ex director regional de Banesto en Cataluña, fue preguntado sobre diferentes operaciones del banco y por el pago de sumas desde cuentas especiales de Banesto. Igualmente, el jefe de la asesoría jurídica de Banesto en Barcelona, Carlos Ruiz, declaró ante el tribunal para aclarar diferentes aspectos de la deuda de Harry Walker con Banesto, que dio pie al banco a presentar una querella contra Pedro Olabarría y los hermanos Luis Fernando y José Ignacio Romero que instruyó Pascual Estevill. La Audiencia de Barcelona sobreseyó el asunto en abril de 1995. El Tribunal Supremo sentenció dos años después que en la instrucción se cometió un delito de prevaricación contra estos industriales. Banesto está remitiendo los documentos al juzgado con "extrema lentitud", según fuentes del caso. El banco ha formulado ante el alto tribunal que parte de su contabilidad no está informatizada. Significativamente, por las mismas fechas, varias entidades financieras han cursado circulares internas a sus sucursales denunciando diversas anomalías de los servicios informatizados de gestión de recibos de Banesto.