El Clínico y Metro contratan expertos para medir el impacto del túnel
El hospital Clínico y la Consejería de Obras Públicas, responsable de Metro, se reunieron ayer para acordar la contratación de los expertos que medirán el impacto del túnel de la línea 7 sobre el centro médico. El hospital, tras sopesar las ofertas presentadas por una firma estadounidense (Lintgren-Raiproof) y otra italiana (Itel-Telecomunicazioni), se ha decidido por la del Instituto de Magnetismo Aplicado, con un coste de 6.900.000 pesetas. Obras Públicas, por su parte, ha escogido a la empresa Tecnos.
Ambos estudios serán coordinados por el ingeniero jefe del Clínico, Joaquín García Guajardo, y se completarán con los informes que envíen los fabricantes sobre el impacto del metro en los aparatos médicos de alta tecnología. La investigación estará lista a finales de año, antes de la puesta en funcionamiento de la línea 7, prevista para el 29 de enero. Si el estudio demuestra que el metro produce alteraciones graves en los sistemas de alta sensibilidad del Clínico, la Consejería pagará, según se acordó en la reunión, los gastos que genere el apantallamiento del túnel o de las propias instalaciones del hospital.
"Es un estudio tanto sobre las vibraciones como sobre la compatibilidad electromagnética entre el hospital y el metro. Se analizarán los campos magnéticos continuos y los alternos de baja frecuencia. Para ello se emplearán sensores que funcionarán 24 horas al día. También se efectuarán simulaciones", explicó el gerente del Clínico, Juan José Equiza.
Imprevisión y coste
El problema que ha obligado a ambas instituciones a recabar la opinión de especialistas surge de los campos electromagnéticos que liberarán las masas metálicas de los trenes a su paso por el túnel y que pueden generar en la superficie hospitalaria distorsiones graves en la maquinaria de los servicios de Medicina Física, Endoscopia, Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear. Cuatro departamentos que acumulan el 95% de la tecnología punta del centro y que además se ubican, a tenor del plan de reforma en el que está inmerso el hospital Clínico (5.000 millones de pesetas), en las plantas baja y sótano del edificio sanitario, es decir, justo encima del túnel.En la raíz de este enredo figura la decisión de Obras Públicas de desviar el trazado de la ampliación de la línea 7 ante las protestas de los magistrados del Tribunal Constitucional, que temían que el paso del metro por debajo de su edificio pudiese dar pie a atentados. Obras Públicas atendió estas quejas e hizo pasar la línea por debajo del centro médico. Esta alteración no sólo supuso un coste de 1.000 millones de pesetas al erario público, sino que no fue comunicada al Clínico, por lo que los médicos no pudieron avisar a la Comunidad del problema que se venía encima y que no había sido calculado por la consejería que dirige Luis Eduardo Cortés. Así, no fue hasta septiembre y con el túnel ya excavado, cuando el hospital dio la voz de alarma.
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