Tres en uno

La reunión celebrada el pasado fin de semana en Santiago de Compostela por cualificadas delegaciones de CiU, PNV y BNG, que pretenden asumir la representación de Cataluña, el País Vasco y Galicia en su conjunto, cerró sus deliberaciones con un acuerdo y un texto de trabajo que suavizan el tono de sus anteriores declaraciones aprobadas en Barcelona y Vitoria durante los meses de julio y septiembre. Sigue en pie el objetivo de superar el Estado autonómico para avanzar hacia un Estado plurinacional cuyo marco permita a Cataluña, el País Vasco y Galicia "ejercer libre, soberana y solidariamente" el poder político sin sufrir la aparente humillación de sentirse equiparadas con las otras catorce comunidades. Pero el procedimiento propuesto por el Acuerdo de Santiago para alcanzar la anhelada meta del "reconocimiento jurídico-político" resulta moderado y gradualista: la costosa reforma de la Constitución (con sus exigencias de mayorías parlamentarias cualificadas y de refrendo popular) podría ser sustituida por la "relectura enriquecedora"de su articulado.Continúa sin ser aclarada la ambigüedad terminológica acerca de la forma adecuada de designar a las restantes autonomías, una vez descontadas las tres nacionalidades históricas. Jordi Pujol afirma que España, aun no siendo una nación, constituye "una realidad entrañable" dentro de cuyas fronteras se inscriben Cataluña, el País Vasco y Galicia, auténticas naciones como "pueblos de antiguas raíces europeas -afirma el Acuerdo de Santiago- que han contribuido a su historia a lo largo de los siglos"; si eso fuese cierto, las restantes comunidades autónomas serían hospicianos dejados emocionalmente a la intemperie mientras catalanes, vascos y gallegos reciben el calor de su pertenencia nacional. Para algunos ideólogos del PNV, en cambio, España es una nación opresora que emplea su Estado-madrastra para sojuzgar a las tres nacionalidades históricas aherrojadas en su seno; si esa tesis fuese correcta, la gran mayoría de los españoles (canarios, aragoneses, extremeños, andaluces, valencianos, cántabros, baleares, asturianos, riojanos, murcianos...) tendrían la condición subalterna de castellanos de segunda, forzados a permanecer dentro de esa cárcel de pueblos mientras los catalanes, los vascos y los gallegos consiguen su liberación.

Lejos de apreciar las impresionantes transformaciones sufridas por el viejo Estado centralista desde la aprobación de la Constitución de 1978 hasta hoy, el Acuerdo de Santiago se muestra mezquino con los logros del Estado de las Autonomías. Aunque las instituciones de autogobierno controlan ya cerca del 25% del gasto público, ejercen la corresponsabilidad fiscal y gestionan ya -o están a punto de hacerlo- la sanidad y la educación, CiU, PNV y BNG denuncian la "vía claramente regresiva" supuestamente emprendida por el Parlamento y la naturaleza "centralista y uniformadora" de su labor legisladora; los nacionalistas tampoco dan el aprobado al Tribunal Constitucional, aunque sea vean obligados a reconocer el sesgo autonomista de sus decisivas sentencias sobre la LOAPA, la ley del catalán y el principio de subsidiariedad. El Acuerdo de Santiago exige la revisión de la legislación ya promulgada que resulte contraria a las tesis de los nacionalistas y un viraje de la jurisprudencia del Constitucional que interprete enteramente a su favor la normativa vigente.

El malestar de CiU, PNV y BNG se mide a la vez en términos absolutos y relativos. Los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos desean ampliar las competencias de sus Parlamentos para alcanzar la plena soberanía sobre materias lingüísticas, culturales y educativas y para modificar el régimen de su administración local y provincial; también pretenden jugar un papel singularizado en la construcción europea. Pero el reconocimiento de los hechos diferenciales de las tres nacionalidades históricas requerido por CiU, PNV y BNG no sólo implica el aumento cuantitativo de sus recursos y poderes: también exige que el Gobierno situado al frente de esa "realidad entrañable" denominada España -conceptualmente ambigua dejando a un lado su condición de Estado- impida a las otras catorce autonomías residuales equipararse con Cataluña, el País Vasco y Galicia y obtener sus mismos techos competenciales.