El juez impide que el servicio jurídico municipal defienda a Rita Barberá

El juez que instruye una denuncia de la asociación Properma (Propietarios Perjudicados del Marítimo por la ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez) contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y otros 18 ediles que aprobaron la transformación del barrio del Cabanyal ha informado al Consistorio de que los servicos jurídicos municipales no pueden representar a los acusados. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ya admitió a trámite la querella contra los ediles que votaron a favor de la ampliación de la avenida valenciana. Sin embargo, rechaza ahora que sea el procurador municipal quien represente a Barberá, a otros 16 concejales del PP y a María Irene Beneyto y Juan Vicente Jurado, los dos ediles del Grup Mixto (ex UV) que apoyaron al equipo de Gobierno. Entiende el magistrado que la querella es personal y no contra el Ayuntamiento de Valencia. Según la querella de Properma, la decisión de aprobar ese proyecto constituye un delito contra el patrimonio histórico de la ciudad ya que el proyecto de transformar una franja de más de 100 metros del barrio, declarado bien de Interés Cultural por el Consell en 1993, implicará la destrucción de muchos edificios protegidos.