Destituido el alto cargo que autorizó concentraciones sobre el aborto ante las Cortes

El delegado del Gobierno en Madrid, Pedro Núñez Morgades, ha decidido relevar de su cargo al secretario general de la Delegación, Fernando Martínez Serrano, por haber autorizado la semana pasada la celebración de dos manifestaciones -una antiabortista y otra proabortista- ante el Congreso. La segunda de las concentraciones coincidió con la celebración del Pleno parlamentario en el que se rechazó la ampliación de la Ley del Aborto.El artículo 494 del Código Penal dispone que incurrirán en penas de seis meses a un año de prisión quienes promuevan, dirijan o presidan manifestaciones o reuniones ante el Congreso y el Senado "cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento".

Rosa Aguilar, de IU, informó ayer que el presidente del Congreso, Federico Trillo, había comunicado a los grupos parlamentarios el cese del responsable del dispositivo policial que vigiló la manifestación promovida el martes de la semana pasada por grupos proabortistas. Según Aguilar, a las personas contrarias a la ampliación del aborto se les "dieron facilidades" para manifestarse, al contrario de lo que sucedió 24 horas después con los partidarios de un cuarto supuesto legal que permitiría la interrupción del embarazo.

La Dirección General de la Policía desmintió ayer que hubiera sido destituido algún funcionario. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid aclararon que quien ha sido relevado del cargo es el secretario general, Fernando Martínez Serrano, que en la práctica es el número dos en el escalafón de ese organismo.

Como responsable de autorizar las manifestaciones ciudadanas, el secretario general aceptó la celebración de la reunión antiabortista al considerar que ese lunes no estaba prevista la celebración del pleno del Congreso y, por tanto, no correspondía aplicar las limitaciones establecidas por el Código Penal. Las fuentes informantes consideran que Martínez pudo incurrir en error al interpretar ese artículo legal.

En cambio, los proabortistas que se concentraron el martes -mientras se celebraba el debate parlamentario- fueron obligados por la policía a situarse más lejos del Congreso. Los grupos del PSOE e IU se quejaron de "discriminación" en el trato a estas personas respecto a los antiabortistas y, además, señalaron que algunos diputados socialistas fueron tratados con "desconsideración" por algún policía.