Gobernación fija las condiciones económicas para que el casino sevillano abra en 1999
La consejera de Gobernación y Justicia, Carmen Hermosín, firmó ayer la resolución por la que se adjudica a la sociedad Gran Casino Aljarafe la explotación de un gran centro de juego para la provincia de Sevilla. La orden fija duras condiciones económicas para la empresa que pondrá en marcha el casino en la ahora abandonada estructura de lo que iba a ser un hospital en Tomares. Gran Casino Aljarafe tendrá que desembolsar en los próximos 30 días 1.000 millones de pesetas para su constitución como sociedad y depositar dos fianzas, de 113 millones cada una, para asegurar la apertura de las mesas de juego el 1 de diciembre de 1999 y su funcionamiento continuado durante al menos cinco años. Gran Casino Aljarafe de Tomares ha derrotado a las otras ocho ofertas presentadas (tres para Sevilla capital y el resto para diferentes pueblos de la provincia), algunas de las cuales ya han anunciado que van a recurrir la resolución de la Junta por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que van a pedir que se suspenda la adjudicación. La opción ganadora la respaldan las empresas Ocio y Valores; Corporación Nueva Marbella; Casino Bahía de Cádiz; CFA Mercado; Janebán Gasóleo y otros tres empresarios a título particular. La adjudicataria tiene obligación, además, de invertir 500 millones para corregir "desequilibrios sociales, económicos o de infraestructuras en Andalucía" y de aportar el 2,5% de sus resultados netos a una fundación municipal "para la prevención y tratamiento de los problemas derivados de la adicción al juego". La resolución ha sido firmada justo el mismo día en que Hermosín ha mantenido una reunión con los alcaldes de tres de los pueblos que optaban al casino y que han visto decepcionadas sus expectativas de atraer a sus territorios el casino y, con él, inversiones, empleos e ingresos por impuestos. Los regidores de Camas, Antonio Rivas; Gelves, Ángel Oliveros, y Benacazón, José Manuel Cabrera (todos del PSOE), no tienen, de momento, intención de recurrir al TSJA, aunque, en el caso de Camas, la decisión la adoptará el pleno municipal. Ninguno, en cambio, dice haber visto materia para recurrir por la vía penal contra la Junta.
