Acusados de asesinato dos vigilantes de la discoteca de L"Hospitalet

Los dos guardias de seguridad implicados en la presunta paliza que causó la muerte de Juan Antonio Ferreira Borrero en la discoteca Yes & Yesterday de L"Hospitalet han sido acusados de asesinato. De esta manera han calificado el ministerio fiscal y la acusación particular los delitos que se imputan a David Barrio de Gea, en calidad de autor material, y a Jordi Vilaboa Vigo, como encubridor de los hechos. De acuerdo con esta calificación, los dos implicados "tenían intención de matar".

La fiscalía y la acusación particular notificaron ayer su acusación a la juez del Juzgado de Instrucción número 5 de L"Hospitalet, que sustituye con motivo de las vacaciones al juez Ramón Vidal Carou, titular del número 4 e instructor del caso. A la comparecencia acudieron Vilaboa -en libertad provisional sin fianza- y Barrio -que dejó su celda de la cárcel Modelo a tal efecto-, junto a sus familiares y abogados. La defensa solicitó el sobreseimiento del caso y el levantamiento de la medida de prisión preventiva contra Barrio. La acusación particular se opuso, "dada la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga existente". Ignacio Ventura, abogado de los padres del fallecido -que al estar divorciados presentaron denuncia por separado, pero son representados por el mismo letrado-, ha añadido a la acusación de asesinato la de omisión de socorro. Ni el fiscal ni el asesor legal de la compañera del fallecido, Lourdes Vargas, comparten esta imputación. Al calificar el delito como asesinato, el ministerio fiscal y la acusación particular consideran que los implicados "tenían intención de matar y procuraron los medios para que se produjera este resultado". En caso de ser juzgados y condenados por asesinato -delito muy restringido por el nuevo Código Penal-, los acusados se enfrentarían a penas de entre 18 y 20 años de cárcel. Si se impone la tesis de homicidio, la pena sería de 10 a 15 años. El delito de omisión de socorro implica desde penas de arresto hasta de prisión, en función del grado de implicación del infractor en los hechos por los que no prestó auxilio.La acusación contará con la declaración de tres testigos, ninguno de ellos presenciales: una chica que encontró inconsciente a Juan Antonio junto a la salida trasera de la discoteca, un joven que la misma noche había sido agredido por miembros del mismo equipo de vigilantes y la propia Lourdes Vargas. Esta semana la juez deberá decidir la conveniencia de las pruebas presentadas y ordenar la práctica de diligencias, que incluirán, entre otros aspectos, exámenes físicos y psíquicos de los acusados, así como el informe final de la autopsia. A su vez, decidirá si levanta la medida de prisión contra Barrio. En unos cinco meses quedaría conformado el jurado popular y en seis se celebraría el juicio. Celestino Corbacho, alcalde de L"Hospitalet, acusó ayer a la Generalitat de mentir por atribuirse el cierre de la discoteca poco después de que ocurrieran los hechos. Ambas instituciones se atribuyen la decisión de clausurarla.