La expulsión de 11 ecuatorianos en Murcia desata la protesta vecinal

La Guardia Civil detuvo ayer en la localidad murciana de Totana a 11 inmigrantes ecuatorianos que estaban empleados como temporeros en las pedanías de El Raiguero y Lébor de la localidad. Los inmigrantes, de entre 20 y 25 años, fueron sacados de sus casas y trasladados a la Comisaría de Policía de Murcia para su posterior expulsión de España en aplicación de la Ley de Extrajería. Los ecuatorianos, según fuentes policiales, fueron puestos en libertad horas después tras comprometerse bien a abandonar España en el plazo de uno o dos meses o a legalizar su situación con contrato laboral. La detención de estos 11 ecuatorianos se suma a otra operación del día 6 en la misma localidad en la que fueron detenidos otros seis ecuatorianos. Forma parte, según la policía, de una investigación sobre la inmigración ilegal en esa localidad que continuará en las próximas semanas.Asociaciones de vecinos, agrupaciones de agricultores y centrales sindicales de Totana protestaron ayer por la "redada indiscriminada" contra los inmigrantes ecuatorianos residentes en ese municipio murciano. La redada, mantienen estas fuentes, afectó a más de cien personas y "fue atentatoria contra los más elementales derechos humanos". Estas asociaciones difundieron una nota de protesta en la que afirma que en Totana residen cerca de 500 inmigrantes ecuatorianos "que han conseguido integrarse de manera satisfactoria en el municipio y cuya aportación es vital para el desarrollo económico" del pueblo.

La Delegación del Gobierno en Murcia negó ayer que "se hayan conculcado los derechos humanos" en la operación policial para detener a los ecuatorianos que residían ilegalmente en Totana . Según la Delegación del Gobierno, la policía atendió "escrupulosamente" la normativa vigente. Según una nota, "estos 17 expedientes de expulsión son similares a otros 133 que se tramitaron en lo que va de año".

El portavoz del Gobierno y ministro de Industria, Josep Piqué, se mostró ayer partidario de abrir un debate para revisar la Ley de Extranjería. El director general de Política Interior, José Ramón Ónega, mientras, calcula que en España hay unos 100.000 inmigrantes sin papeles. La Asociación Pro Derechos Humanos eleva esta cifra a entre 25.000 y 150.000 personas. Ónega destaca la "obligación de los países a defender sus fronteras de un flujo indeterminado de inmigrantes, no porque la inmigración sea mala sino porque esos flujos hay que ordenarlos y controlarlos".