Una auditoría considera "adecuada" la actuación en el vertido tóxico

Las actuaciones de las administraciones tras la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, el pasado 25 de abril, fueron "adecuadas". Ésa es la conclusión a la que ha llegado la empresa Price-Waterhouse Coopers, contratada por la Junta de Andalucía para realizar una auditoría medioambiental sobre el vertido tóxico en el Guadiamar. En el estudio, presentado ayer en Sevilla por Antonio Carbajal, socio de la empresa, se señala que las medidas adoptadas por Junta y Gobierno fueron las indicadas "para contener la extensión del daño, controlar los alimentos e informar a la población". "En el estudio se deja claro que el vertido sólo afectó al 0,0019% de la superficie de Andalucía y al 2% de Doñana", recalcó el portavoz del Gobierno andaluz, Rafael Camacho. Carbajal subrayó el esfuerzo de "contrastación de datos y de escuchar opiniones críticas" que su equipo de seis personas ha realizado estos dos últimos meses. Y admitió que sólo pudo contar con la aportación de una asociación ecologista, la SEO, mientras que otras dos, la CEPA y Green peace declinaron participar en el estudio. El informe, que se apoya fundamentalmente en documentos oficiales y entrevistas con agentes económicos de la zona ha sido traducido a cuatro idiomas y se reproducirá en la página de Internet de la Consejería de Medio Ambiente.