García-Castellón prosigue su investigación sobre Chile pese a pedirle el fiscal que acabe

El juez Manuel, García-Castellón prosigue la investigación sobre lo presuntos crímenes de la dictadura chilena entre 1973 y 1990 a pesar de que el fiscal, Ignacio Peláez, le pidió el pasado lunes que concluya el sumarlo. El previsible pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para decidir sobre la jurisdicción universal española en materia de genocidio, negada por el fiscal a propósito de los asesinatos atribuidos a la dictadura argentina entre -1976 y 1983 que investiga el juez Baltasar Garzón, afectará tanto a este caso como al de Chile, según fuentes jurídicas.Peláez se mostró a favor de la conclusión del sumario que instruye García-Castellón sobre la desaparición de unas 3.000 personas -entre chilenos, españoles y ciudadanos de otros países-" durante el régimen militar chileno, en las que estaría implicado el ex presidente, general y ahora senador Augusto Pinochet.

Al requerimiento del magistrado sobre si proceden nuevas diligencias, el fiscal indicó que no se opone a la conclusión, dado que no queda por practicar ninguna de las solicitadas por esa parte. En cambio, las acusaciones pidieron la práctica de nuevas actuaciones, entre ellas el procesamiento y la detención de Pinochet y otros 38 altos cargos chilenos, previa orden internacional de busca y captura a través de Interpol, así como que se decrete su prisión provisional sin Fianza.

No es probable que García-Castellón acceda a todas las diligencias, pero sí que practique algunas y espere al resultado de la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos para interrogar, entre otros, a varios testigos protegidos antes de decidir la conclusión del sumario.

Fuentes jurídicas próximas a la investigación aseguran que es previsible que el pleno penal de la Audiencia que resolverá la apelación del fiscal contra la competencia de Garzón en el caso argentino preceda a la conclusión de la investigación de García-Castellón sobre el chileno.

Aunque la posición del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, sobre ambas investigaciones es diferente, las fuentes indicadas señalaron que lo que decida el mencionado pleno, presidido por Francisco Siro, respecto ala jurisdicción española sobre el genocidio en Argentina valdrá igualmente para el de Chile.

En el caso argentino, la posición de Cardenal es que la investigación debe archivarse porque España no es competente. Del chileno piensa que no son investigables por España los hechos ocurridos en ese país entre 1973 y 1985, pero sí los acaecidos desde entonces hasta 1990. El informe de Peláez se limitó a pedir la conclusión del sumano chileno a García-Castellón. En cambio, la petición fiscal de que Garzón archive el argentino por incompetencia española dará lugar, una vez que sea denegada por el juez y previsiblemente apelada, al pleno de la Audiencia, que zanjará esa cuestión.