Almeida pide la intervención del Defensor del Pueblo por la incautación de mil historiales de aborto en Albacete

La diputada de Nueva Izquierda, Cristina Almeida, pidió ayer la intervención del Defensor del Pueblo en el caso de incautación de más de mil historiales de aborto en la clínica Iris de Albacete. "Una cosa es investigar un hecho delictivo y otra cotillear en la intimidad de las mujeres", dijo. Almeida se mostró indignada por el hecho de que las historias médicas de miles de mujeres estén pasando de mano en mano en los departamentos policiales.El abogado de la clínica, Rufino Alarcón, ha recurrido el auto del juez Manuel Mateo, por el que se llevó a cabo el registro "por no estar acorde con la legalidad y por falta de motivación para llevar a efecto una medida tan drástica". La intervención judicial se produjo después de que un médico de la clínica del Rosario de Albacete, propiedad de la compañía Asisa, remitiera el caso al juzgado tras atender a una mujer que se encontraba indispuesta después de haber abortado en Iris.

A la rueda de prensa donde informaron de estos hechos varios colectivos de mujeres, partidos políticos y sindicatos, Alarcón afirmó que se ha atentado "contra derechos fundamentales como la intimidad, el secreto profesional, la inviolabilidad del domicilio y la confidencialidad paciente-médico". El letrado se mostró extrañado de que lo único que no se llevase la policía judicial fueran las resoluciones de la Consejería de Sanidad, por las que se concertaba con la clínica Iris el servicio de interrupción voluntaria del embarazo. También expresó su perplejidad ante las razones recogidas en el auto judicial para establecer si el aborto podría haber sido ilegal "por el hecho de que la mujer, en su condición de funcionaria, no hubiera acudido a una clínica concertada y sí a una privada como la clínica Iris".

Consuelo Catalá, presidenta de la asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo, a la que pertenece Iris, pidió la urgente reforma de la legislación en materia de interrupción del embarazo. Carmen Romero, diputada del PSOE por Cádiz, señaló en Jaén que se trata de una provocación hacia las mujeres "porque no es casual que coincida con la víspera del Día de la Mujer Trabajadora".