Cumpliendo nuestro deber

Ante el nuevo conflicto iniciado por los conductores asalariados de las empresas del sector en Francia, desde España cabe hacerse las siguientes reflexiones:1. De nuevo, un conflicto en este sector, el transporte, se convierte en un proceso de chantaje y coacción para un país (Francia) y para los países vecinos (como España), que ven gravísimamente alterada la libre circulación de mercancías. El ejercicio de un derecho reconocido, la huelga, que debe ser respetado si es ejercido de acuerdo con las leyes, siempre en nuestra actividad conculca gravemente otro derecho tan respetable como el anterior: el derecho al trabajo de los que deseen ejercerlo. Más aún, en este caso, el derecho al trabajo de nuestros vehículos, ajenos absolutamente al conflicto francés ¿Hasta cuándo se consentirán estos métodos?

2. Una vez más, el transporte de mercancías, por carretera, que ocupa en España de forma directa a más de un millón de personas, es tomado en consideración sólo en época de conflictos. Pasa, dé la noche a la mañana, de ser una actividad ignorada, cuando no culpada de todos los males relativos a la explotación de infraestructuras, de la accidentalidad viaria, a noticia de primera plana. Eso sí, resaltando sus aspectos conflictivos sobre cualquier otra consideración. Bueno será que la sociedad española sepa que en la noche del 2 de noviembre miles de conductores y transportistas españoles (¿10.000, 15.000?), con sus departamentos de control de tráficos en vela, han arrancado sus vehículos, repletos de productos hortofrutícolas, industriales, de gran consumo, etcétera para permitir el normal desarrollo de la economía española. Con el temor que supone pensar en ser atrapado por un piquete informativo en cualquier punto de las carreteras francesas, sin protección en muchas ocasiones, y con la posibilidad más que real de que la mercancía quede inservible durante la paralización. Pero debemos salir y, a pesar del temor, salimos. Y no tanto por nuestro interés en estas condiciones (¿cuántos se quedarían parados si sólo de ellos dependiera?), sino por defender los intereses de los usuarios y consumidores españoles.

3. A ver si de una vez por todas los integrantes de este sector (autónomos, empresas y asalariados), los que se sirven de él para sus necesidades (fabricantes y consumidores) y los que ostentan capacidad normativa sobre el mismo (Unión Europea, Administraciones Central y autonómicas española), nos tomamos mutuamente en consideración, cada uno en su papel, y hacemos conjuntamente una auténtica política de transportes no sólo de coyuntura, sino a largo plazo, y acabamos convirtiendo en un recuerdo (más bien pesadilla) este tipo de amargas experiencias que, sin ninguna duda, al final a nadie benefician. Ejemplos hay en este sentido en España, y es loable el esfuerzo mostrado por las organizaciones racionales del país y el Ministerio de Fomento en concreto para llevar a buen fin el Plan de Reestructuración y Modernización del sector. Pero, a sabiendas de que las guerras se ganan en tiempo de paz, pongamos todos nuestro esfuerzo en culminar con éxito planes como el citado y dejemos a los agentes sociales el resto; no como fruto de la tensión, el conflicto y la coacción, como ahora estamos sufriendo, sino como resultado de la reflexión, la negociación y el consenso necesarios. Nuestro sector, nuestra economía, nuestros ciudadanos, nuestro país, en definitiva, no se merecen menos.