Denuncia sindical por la retirada del arma a 140 vigilantes de Caja de Madrid

Los sindicatos USO y UGT han presentado a la Inspección Provincial de Trabajo una denuncia por la decisión de Caja de Madrid de retirar el arma -el revólver del calibre 38- a 140 vigilantes jurados destinados a sucursales. La medida, que la entidad bancaria entiende como un paso natural ante el avance y mejora de los sistemas de seguridad electrónicos, es considerada por las centrales como "arbitraria e ilógica y un "atentado a la seguridad tanto de los vigilantes como de los clientes y empleados"."No llegamos a comprender qué se pretende con estas medidas, ya que a los vigilantes de estos centros les están exigiendo que desarrollen las mismas labores que cuando portaban arma de fuego reglamentaria, y esta función no es otra que la de evitar atracos, atracos que cuando se producen siempre son a mano armada", indica la denuncia.

Otro motivo de queja de los sindicatos reside en que la retirada del arma implica la pérdida de un plus mensual de peligrosidad cifrado en 19.000 pesetas.

Respuesta detallada

Ante estas afirmaciones, Caja de Madrid, la entidad que más vigilantes jurados por sucursal tiene contratados en España, ofreció ayer una detallada respuesta. En primer lugar, la entidad indicó que el cobro o no del plus de peligrosidad depende de las empresas de seguridad para las que trabajan los vigilantes. "No es un problema de seguridad, sino económico, y es a las compañías a quienes les corresponde resolverlo. Nosotros no retiramos el vigilante, sino el arma", afirmó un portavoz bancario.En segundo lugar, la caja señaló que la retirada del arma se ajusta a las exigencias de la Ley de Seguridad Privada de 1992 y a su desarrollo reglamentario de 1994. En este contexto, la entidad bancaria destacó que desde 1992 hasta 1996 ha invertido 11.200 millones de pesetas en implantar sistemas de seguridad electrónicos -esclusas, detectores de metales, circuitos de televisión, sistemas de retardo en cajas e incluso en dispensadores de billetes-

El resultado de esta transformación ha sido que mientras en, 1992, con 670 vigilantes para 1.136 oficinas, se cometieron 44 atracos, en 1996, con menos de la mitad de guardas (325) y un 20% más de sucursales (1.410), se perpetraron 28 -casi un 25% menos- Paralelamente, el botín medio por atraco descendió de medio millón a 200.000 pesetas, y los robos resueltos aumentaron hasta el 85%.

"A fin de cuentas se ha aumentado la seguridad. Las medidas electrónicas acabarán sustituyendo a las armas, que son un factor de riesgo, un elemento que puede conducir a que un atraco acabe a tiros y que incluso atraen al ladrón por la posibilidad de robarlas. Por eso, de los 234 vigilantes armados que aún tenemos en sucursales en toda España, vamos a retirar el arma a 140, y lo hacemos justamente en aquellas oficinas en las que las medidas electrónicas la hacen innecesaria", concluyó el citado portavoz.