Un error provoca el voto de 81 diputados del PP contra la nueva ley de telecomunicaciones

Manuel Núñez, diputado leonés y ex ministro, no tuvo ayer su día en las funciones que ahora desempeña como portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso. Se votaba la ley de telecomunicaciones y Núñez, como en cargado de indicar gestualmente a sus compañeros de partido si debía pulsar el botón del sí, del no o el de la abstención, ordenó primero votar sí e inmediatamente hizo el gesto para votar no. Parte de los diputados populares se fiaron de la primera señal, pero 81 de ellos captaron la segunda y, al ejecutarla, se sumaron al PSOE en el rechazo a una enmienda que reservaba al Gobierno -en detrimento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones- la fijación de tarifas de interconexión hasta diciembre de 1998.

Y la cosa ya no tiene remedio en esta ley, porque el trámite de ayer era el último antes de su publicación en el BOE. "Lo arreglaremos con un decreto-ley", tranquilizaba el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, a los que le preguntaban en los pasillos, mientras la diputada Ana. Mato sugería "una ley de artículo único". La metedura de pata había provocado una mayoría abrumadora contra la disposición deseada por el Gobierno: 204 sufragios en contra (PSOE y los 81 equivocados del PP) y 103 a favor, en medio del regocijo de los socialistas.El portavoz del Grupo Popular, Luis de Grandes, solicitó tímidamente la repetición de la votación -hecho que no contempla el reglamento de la Cámara- y tras recibir la negativa del presidente de la Cámara, Federico Trillo -uno de los que se habían equivocado al votar, junto con las ministras Loyola de Palacio e Isabel Tocino- hizo constar en el Diario de Sesiones que el resultado era producto de una "equivocación".

El error del PP, además de poner en evidencia a 81 de sus diputados -el vicepresidente Álvarez Cascos y los ministros Arias Salgado y Mayor Oreja votaron correctamente- demostró que todos los legisladores necesitan tiempo para asimilar los temas sobre los que deciden. El diputado de CiU, Lluis Recoder, por ejemplo, salió del hemiciclo convencido de que el error había tumbado sólo una enmienda relacionada con las competencias de las Comunidades Autónomas en la ley. Cuando reparó en la trascendencia del error se dirigió hacia el ministro Arias Salgado, que lo recibió en el mejor estilo de Cúchares diciendo: "Ya lo he visto, ya".

Otro diputado socialista comentaba en tono de chanza que "con el error del PP algo habremos ganado, aunque no sé muy bien qué".

El incidente de la votación culminó una mañana intensa en el Congreso. Una de las diputadas más activas fue Rosa Aguilar (IU), que negoció a pie de hemiciclo y de escaño con el vicepresidente del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos, y con los diputados de CiU.

El interés de Aguilar estaba justificado porque la coalición había conseguido in extremis en el Senado, gracias a un pacto con el PP, formar parte de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, lo que ha incomodado tanto al PSOE como a los socios nacionalistas del Gobierno, que no han sido consultados por el PP sobre esa novedad.

Con Álvarez Cascos en un discreto aparte en el hemiciclo, Aguilar intercambió pareceres durante 20 minutos, poco antes del inicio del debate de enmiendas a la ley de telecomunicaciones. Tras consultar con su jefe de filas, Julio Anguita, Aguilar exploró la actitud de los diputados de CiU, que durante la conversación hicieron ostensibles gestos negativos.

En medio de tantos conciliábulos, con otros muchos diputados entrando y saliendo constantemente del hemiciclo, la votación de la ley de telecomunicaciones fue seguida como una rutina más. Al equivocarse el jefe de filas, se produjo el accidente parlamentario. Como consecuencia, la ley aprobada ayer tiene una laguna importante, porque al ser rechazada la enmienda del PP, ha quedado fuera del marco legal cuál es la autoridad competente para fijar las tarifas de interconexión. Un hecho importante, por ejemplo, para la privatización de Retevisión o para los futuros operadores de cable que hayan de utilizar infraestructuras de telecomunicación de otras empresas.

La facultad del Gobierno -a través del ministerio de Fomento- para fijar tarifas de interconexión ha sido un tema controvertido, ya que el PSOE se ha opuesto siempre a vaciar de competencias a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, donde tiene representación, y que asumirá la competencia para fijar las tarifas sólo cuando el mercado esté plenamente liberalizado, es decir, a partir del 1 de diciembre de 1998.