Los juristas critican el escaso uso de penas alternativas a la cárcel

La escasa utilización por los jueces de las penas alternativas a la cárcel previstas en el Código Penal y la dificultad de su aplicación por falta de infraestructuras fue uno de los debates producidos ayer en el IX Congreso Universitarlo de Alumnos de Derecho Penal. El fiscal del Tribunal Supremo José María Paz pidió una aplicación humanitaria del nuevo y duro Código Penal.Paz animó a los alumnos, para cuando sean abogados, a que recurran las condenas que no estén bien motivadas por los jueces y criticó a los fiscales que, pudiendo pedir dos años de cárcel, piden cinco "por intuición, para marcar un techo". Reprochó la dureza del nuevo Código, que permite penas de nueve anos por vender una papelina y de cinco por robar en un establecimiento público.

El experto fiscal, con 24 años de ejercicio, recordó que las cárceles están llenas de marginados, el 90%, condenados por tráfico de droga de pequeña entidad. Ofreció el dato de 1.121 excarcelados en aplicación del nuevo Código Penal, muchos menos de los 13.000 de los que se habló en su elaboración y a pesar de que el Supremo impuso una interpretación humanitaria del periodo transitorio entre uno y otro Código.

El fiscal Paz se mostró también crítico con el excesivo arbitrio judicial. Estimó peligroso que el Código Penal diga que "se podrá rebajar la pena". Reprochó a los jueces la escasa utilización de las medidas alternativas a la cárcel. Según datos oficiales, los arrestos de fin de semana fueron 465 y los trabajos en beneficio de la comunidad sólo seis durante los primeros 10 meses de vigencia del Código Penal. Este penalista pidió a jueces y fiscales que vean "detrás de los papeles a personas" y avisó contra el riesgo de que las cárceles, con mucho sida, dentro, se masifiquen aún más.