Garzón pide datos a Hacienda sobre los 200.000 millones para decidir si hay delito

El juez Baltasar Garzón se dirigió ayer a la Agencia Tributaria para recabar los antecedentes y documentación que justifiquen la posible existencia de delitos, respecto al supuesto fraude fiscal de los 200.000 millones de pesetas que el Gobierno considera que ha prescrito. La petición de datos tiene un carácter global, con el fin le que el magistrado pueda determinar si los hechos revisten características de delito o no y, en uso afirmativo, si el delito es competencia de la Audiencia Nacional o de otros juzgados.

, Hacienda advirtió ayer que colaborará con el juez y entregará la lista de los presuntos defraudadores, si el magistrado la reclama, pues así lo establece el artículo 113 de la ley General Tributaria. Pero Garzón no ha pedido lista alguna ni datos puntuales sino, de forma general, los datos y antecedentes en los que se ha basado Hacienda para afirmar que ha habido un fraude fiscal de 200.000 millones. El juez no especifica los datos que quiere recibir, sino que deja a criterio de la Agencia Tributaria que le envíe el informe que presúmiblemente se elaboró para decir luego que hubo un fraude de esas características o los datos brutos que luego sirvieron para elaborar el dictamen.Denuncia de Ruiz-Mateos

La petición de Garzón es consecuencia de una denuncia presentada la semana pasada por el polémico financiero José María Ruiz-Mateos, cuando estaba de guardia el juez Javier Gómez de Liaño. La denuncia pasó a reparto y le correspondió a Garzón, que antes de admitirla ha decidido pedir a Hacienda que la aporte los datos necesarios para que pueda determinar la competencia y la "naturaleza jurídico penal de los hechos", es decir si el supuesto fraude al fisco por las primas únicas era constitutivo de delito o no, y en caso de serlo, si es competencia de los juzgados de la Audiencia Nacional o de otros juzgados.

Los hechos denunciados, según el relato del escrito de Ruiz-Mateos, podrían constituir varios delitos, por lo que Garzón no lo ha rechazado de plano, pero antes de admitirlo ha pedido datos en los que pueda basarse para un pronunciamiento que podría ser: archivo por no existir delito, delitos competencia de la Audiencia Nacional, o delitos competencia de otros juzgados. El magistrado ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que emita un informe sobre estos extremos y sobre si quiere pedir diligencias para esclarecer algún extremo.

La denuncia se refiere a la prescripción de 600 expedientes, que según Hacienda, provocaron una pérdida al fisco de 200.000 millones. Sin embargo, fuentes jurídicas aseguraron a este periódico que Garzón no se plantea investigar la posible negligencia de los inspectores fiscales o de sus responsables en relación con la posible prescripción de los hechos, sino si hubo fraude fiscal u otros delitos, como malversación para alterar el precio de las cosas. Y sólo en caso de que hubiera habido delito y se hubiera dejado prescribir, la actuación de los responsables de la inacción se entendería como un delito conexo, del que por el momento no existe constancia, según las citadas fuentes.

Cinco delitos

Por otro lado, Marcos García Montes, abogado de Ruiz-Mateos, anunció ayer la presentación de una querella criminal que ampliará la denuncia ya formulada. Esta querella se presentará por delito fiscal, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, y maquinación para alterar el precio de las cosas. El relato de hechos de la querella reproduce íntegramente la narración que figura en el escrito de denuncia.

Como querellados figuran la ex directora general de la Agencia Tributaría Juana María Lázaro Ruiz, el ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Martínez Robles y el ex jefe del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria Luis López Ibánez. Ruiz-Mateos propone como prueba que declaren Abelardo Delgado, responsable del informe de la Agencia Tributaria, y los tres querellados.

Ruiz-Mateos pretende ejercer la acción popular, como ya ejerce en numerosos procedimientos, como el caso Filesa, los fondos reservados, las escuchas del Cesid, el caso Roldán, Ibercorp, o los papeles de Laos.