Las actas prescritas son 4.797, por 202.822 millones, según Hacienda

El secretario de Estado de Hacienda aportó ayer al Congreso datos sobre los 4.797 expedientes que, en su opinión, han prescrito. En total suman 202.822 millones de pesetas, correspondientes a actas tramitadas entre los años 1990 y 1996. La mitad de esa cantidad (110.754 millones) corresponde a 602 expedientes correspondientes a la Oficinia Nacional de Inspección (0NI), según Costa, y afectan en su mayoría a las denominadas primas únicas. Juan Manuel Eguiagaray, diputado socialista, señaló que en ese periodo de tiempo la Inspección de Hacienda levantó un total de 885.000 actas.

Fue en la ONI de Madrid, según Costa, donde se generaron los mayores retrasos en la resolución de expedientes. La ONI inspecciona a las empresas que facturan más de 10.000 millones de pesetas.Por esta oficina ha pasado uno de los casos de fraude fiscal más sonados, el de las primas únicas, una rentable inversión camuflada de seguro. Hacienda las entendía sujetas a una retención fiscal del 25%, que las entidades financieras no practicaron. También ha pasado por la ONI el caso Banesto, que ha absorbido casi tres años de trabajo en la tarea de recomponer la enmarañada contabilidad de la entidad financiera.

En la ONI de Madrid entre los años 1991 y 1996 se tramitaron 1.514 expedientes, de los cuales 602 habrían prescrito en la actualidad, según Costa. La deuda propuesta por la inspección llegó a 438.529 millones de pesetas, de los que el inspector jefe ratificó 271.857.

De ellos, la prescripción habría afectado a 110.754 millones de pesetas (un 41%), por tratarse de deudas generadas hace ahora más de cinco años. Cuantías inferiores, aunque en mayor número de expedientes, se han producido en la ONI de Cataluña y en las delegaciones especiales de Madrid y Cataluña (ver cuadro).

La prescripción de los expedientes se ha producido, según Costa, por negligencia del anterior Gobierno. "Es evidente que no se corrigieron los problemas allí donde realmente existían y las medidas adoptadas no sólo fueron insuficientes, sino que se adoptaron con tanto retraso que resultaron absolutamente inútiles",. dijo ayer.

Costa calificó las medidas adoptadas de "rutinarias" y habló de "casi total ausencia de control sobre la situación de los expedientes en tramitación". En algún momento aludió también a la escasez de medios materiales y técnicos.

La prescripción de las actas se produciría al haber tardado el inspector jefe más de seis meses en ratificar la propuesta de liquidación planteada por el inspector que realiza la investigación y comprobación. Así lo entiende una sentencia del Tribunal Supremo de febrero del pasado año, si bien falta un segundo fallo para que el tribunal siente jurisprudencia.