El PP rehúsa el control especial a delincuentes sexuales

El PP, por medio de la portavoz en el Congreso para temas de menores, María Bernarda Barrios, manifestó su desacuerdo con el proyecto francés de que los delincuentes sexuales se sometan a "penas de tratamiento" de hasta 10 años al salir de prisión (ver EL PAÍS de ayer): la idea es que el excarcelado sea tratado bajo control judicial. "Lo lógico es tratarles mientras están en la cárcel", dijo Barrios. "La experiencia demuestra que estos presos sufren trastornos mentales y suelen reincidir cuando recuperan la libertad".Por su parte, Juan Alberto Belloch, portavoz del Grupo Socialista, en la comisión de Justicia e Interior del Congreso, calificó de "medida positiva" el proyecto francés, y señaló la conveniencia de iniciativas similares en Espala.

Belloch presentó ayer -acompañado por la diputada socialista María Teresa Fernández de la Vega- una proposición de ley orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor, entre cuyos puntos destaca el no internamiento de los menores de entre 14 y 16 años -salvo en caso de antecedentes penales o de cometer hechos gravísimos- y el mayor protagonismo del ministerio fiscal y de los equipos técnicos de los juzgados de menores- que no sólo emitirán informes periciales, sino aconsejarán las medidas penales. Cabría un acuerdo judicial que evitara el internamiento. María Bemarda Barrios se manifestó de acuerdo con la propuesta socialista de que la responsabilidad penal del menor se establezca entre los 14 y 18 años. "Es la franja ideal", dijo, "y no los 13, como el PSOE hizo circular cuando gobernaba".

La proposición socialista -que Belloch reconoció inspirada sobre todo en la legislación alemana- plantea como fines reinsertar al delincuente y reparar el daño. La competencia corresponderá sólo a los jueces de menores, que también controlarán el cumplimiento penal. Se prevé que la ley podría también aplicarse a la franja de edad entre los 18 y 21 años.

Además de la privación de libertad -entre seis meses y ocho años-, se adjuntan otras medidas como retirar el carné de conducir, los servicios comunitarios y la obligación de vivir con determinada persona, familia o institución, así como la asistencia educativa.