Pacto de Toledo: Primer acto

El Pacto de Toledo tiene como objetivo "garantizar en el futuro un sistema público de pensiones justo, equilibrado y solidario, de acuerdo con los principios contenidos en el artículo 41 de la Constitución española". El programa electoral del PP decía: "Las pensiones representan el principal y casi único medio de renta de la gran mayoría de las personas mayores. Sin recursos económicos suficientes, difícilmente pueden los mayores ejercer la autonomía y decidir plenamente sobre su modo de vida. Muchos de nuestros mayores son todavía víctimas de una carencia de recursos básicos". Como consecuencia, los populares estimaban que "el mejor modo de garantizar un adecuado nivel de prestaciones sociales a los mayores estriba en abordar las reformas enunciadas en el Pacto de Toledo".Esta semana el Gobierno y los sindicatos han iniciado estas reformas por consenso. Esta es la primera vez que el Ejecutivo, desde que lo es, ha cumplido nítidamente lo que prometió. La fotografía de la firma tiene, al menos, tres lecturas:

-La directa y más importante para los ciudadanos: durante cinco años al menos se calman las incertidumbres de nuestros mayores, a los que se asegura el cobro de lo que la sociedad les debe, con una revalorización automática según la inflación.

-La política: Los populares tranquilizan a una masa de potenciales votantes, de casi siete millones de personas, que se han inclinado en más cantidad por los socialistas que por los conservadores. Es la primera victoria poselectoral.

-La social: La presencia de los sindicatos en el primer plano de la sociedad civil, tras doce años de sequía (que coinciden paradójicamente con la presencia de Gobiernos socialdemócratas, los más partidarios en teoría de las políticas de concertación), apuntala su influencia y su interlocución en momentos en que padecen una grave crisis de personalidad y, como consecuencia, de afiliación.

En el debe de la operación hay que apuntar, además de lo evidente -la ausencia de la cúpula patronal en el pacto-, la incógnita de lo que ocurrirá con los futuros pensionistas a partir del año 2001. Este interrogante se deriva de los problemas financieros que pueden surgir en la Seguridad Social, si las reformas asumidas fuesen demasiado cosméticas, al haber apartado de las mismas aspectos tales como la vinculación de las pensiones de invalidez a los años de cotización y los incentivos para retardar la edad de jubilación.

Seguramente estos asuntos no importan en primera instancia a los firmantes del acuerdo, muy sobrepasados por la coyuntura, pero son problemas muy significativos para el resto de la población, sobre todo si lo positivo de hoy agrava las dificultades de los pensionistas de mañana. Sobre los mismos deberían pronunciarse en profundidad también el resto de las formaciones políticas, empezando por los socialistas, ya que el aplauso público a lo rubricado la semana pasada en La Moncloa se mezcla con las críticas sottovoce al aparcamiento de las reformas estructurales del Pacto de Toledo. Este es un consenso sobre el sistema público de reparto, pero también un compromiso para que el incremento del gasto en pensiones se armonice con el crecimiento a largo plazo de la economía nacional. -

La reforma del sistema de pensiones comenzó en 1985 con una huelga general que hoy se puede adjetivar de políticamente desafortunada. Pero no termina 11 años después; el Pacto de Toledo -y también el programa electoral del PP- contiene otras reformas que se han dejado para el principio del siglo XXI y que no conviene olvidar en un segundo plano.