El Ejecutivo monta el duopolio de telecomunicaciones antes de acceder a la liberalización total

El Gobierno dio ayer los últimos toques al paquete de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, que será presentado hoy al Consejo de Ministros tras la negociación mantenida con la Generalitat de Cataluña. Esa reforma consiste en organizar el segundo operador de telecomunicaciones -alternativo a Telefónica- por decreto-ley. Otras medidas tienden a recortar la capacidad de Telefónica para operar servicios avanzados por cable, al ampliar considerablemente el plazo de nueve meses previsto en la ley vigente para que esa empresa comience a operar dichos servicios. Fuentes gubernamentales mencionaron ayer la posibilidad de que se prohíba a Telefónica dar esos servicios antes de 1998.Con esa medida, futuros competidores de Telefónica podrían tener mayores facilidades de tiempo para tender sus redes alternativas. La racionalidad económica de duplicar el cableado de fibra óptica no está en cuestión, a juicio del Gobierno, puesto que el desarrollo de la telefonía y de los demás servicios avanzados de telecomunicación puede compensar a los inversores. Los operadores de cable podrán ofrecer telefonía en las demarcaciones locales en las que actúen, mientras que un operador de carácter nacional -alternativo a la Telefónica- se encargará de interconectar las demarcaciones de cable existentes. Las demás ofertas de servicios por cable, esencialmente basadas en el ocio -como es la televisión- sólo serían una parte de los posibles, y no la más importante desde el punto de vista económico.

Con la licencia para el segundo operador a escala nacional se persigue organizar un duopolio español de, telecomunicaciones, antes de que se produzca la liberalización total del sector acordada por los países de la UE.

Los socialistas habían previsto construir el segundo operador, también por decreto-ley, a partir de Retevisión, el ente público que difunde las señales de las televisiones, y las compañías eléctricas que participan en Optel (compañía privada que es filial de Retevisión). Finalmente, el Gobierno socialista renunció a ese proyecto, que reaparece ahora de la mano del Gobierno de Aznar, aunque probablemente el procedimiento de concesión de la licencia sea distinto.

En vísperas de una reunión del Gobierno que puede ser decisiva para su futuro, Retevisión dio cuenta de los resultados económicos obtenidos en 1995: un beneficio neto de 2.973 millones de pesetas -lo cual supone un incremento del 40% respecto al ejercicio anterior- sobre una facturación de 32.680 millones de pesetas.