La resaca de la Ley de Contratos

La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas lleva camino de convertirse en una de las más polémicas de las últimas décadas. Su redacción inicial recogía unas durísimas restricciones para contratar con la Administración para empresas o empresarios presuntamente relacionados con casos de corrupción.Las fuertes críticas recibidas por esta disposición provocaron un cambio de opinión entre los grupos parlamentarios y una importante suavización de las prohibiciones para contratar obras públicas. Esta modificación fue recogida en uno de los decretos aprobados a finales del año pasado, en el que se incluían medidas para paliar los efectos de la sequía.

El problema surge ahora con el cumplimiento de los plazos de pago. De acuerdo con la nueva ley, el periodo máximo es de dos meses. Fuentes empresariales aseguran que esta disposición no se cumple. Y que son principalmente las administraciones local y autonómica las que menos respetan ese plazo.

Una crítica rechazada de plano por comunidades y ayuntamientos. No obstante, el Partido Popular ya ha hecho llegar a las empresas su intención de agilizar notablemente todo el proceso de pagos, en línea con la Ley de Contratos.

Otra laguna consiste en si es de aplicación o no en todos sus extremos a los entes y organismos autónomos, sobre todo en lo referido a los pagos en el plazo de dos meses.