El juez pedirá al Gobierno los documentos del Cesid

El juez Javier Gómez de Liaño pedirá al Gobierno la desclasificación de varios documentos del Cesid sobre el inicio de la guerra sucia contra ETA que, a su entender, afectan al sumario que instruye por la desaparición y posterior asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

Estos documentos, para los que Gómez de Liaño pide que se levante el secreto, fueron solicitados por el juez Baltasar Garzón al Cesid y la negativa del ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, originó el conflicto de jurisdicción entre el ministro y el juez con resultado. negativo para: este último.

Ayer declararon ante Gómez de Liaño el teniente coronel Julio Martín Maestro Atienza, que era jefe del cuartel de Intxaurrondo en 1983. También declararon el sargento Manuel Barroso, el cabo José Domínguez Tuda y el guardia, Manuel Macías. Todos ellos. realizaron una descripción general de la estructura, funcionamiento y organización del cuartel de la Guardia Civil del Intxaurrondo y señalaron que para los temas de información y lucha antiterrorista el entonces comandante y ahora general Rodríguez Galindo era el máximo responsable. Todos ellos ratificaron que la desaparición de Lasa y Zabala nunca fue investigada porque este hecho nunca fue denunciado en España.

Por la tarde declaró Nieves Martínez, la locutora que recibió, el 21 de enero de 1984, la llamada telefónica de reivindicación del asesinato de Lasa y Zabala para los GAL.

Julio Vázquez Aira, el otro compañero de López Carrillo que tenía que declarar ayer, no pudo hacerlo debido a lo avanzado de la hora. Váquez había presentado un certificado médico alegando que se encontraba enfermo, pero finalmente pudo acudir al juzgado. Sin embargo, y debido a la duración del incidente con el abogado Jorge Argote, el magistrado que llevaba tomando declaración a varios guardias civiles desde las ocho de la mañana acordó, ya pasadas las doce y cuarto de esta madrugada, que el policía testifique hoy por la después de que lo hagan los periodistas Manuel Cerdán y Antonio Rubio, cuyos testimonios estaban fijados con anterioridad.