El juez insiste en dar a los exculpados de Filesa 5 meses para preparar su defensa

El magistrado instructor del caso Filesa, Enrique Bacigalupo, ha elevado un informe a la Sala Segunda del Supremo en el que asegura que no cree que se perjudique al fiscal y a las acusaciones particulares si se da a los defensores de los inculpados cuyo juicio oral quedó sobreseido un plazo de cinco meses para preparar su defensa.El anterior juez de Filesa, Marino Barbero, inculpó a un total de 39 personas y concedió un plazo de cinco meses al fiscal y a las acusaciones del Partido Popular y del empresario José Maria Ruiz Mateos para presentar sus escritos de acusación. Este plazo venció en octubre, fecha en al que el fiscal Antonio Salinas y el PP acusaron a 23 personas y Ruiz Mateos a 27.

En diciembre, el nuevo juez de Filesa, Enrique Bacigalupo, abrió el juicio oral para siete de los acusados y dio a sus respectivos defensores los mismos cinco meses de plazo de que habían dispuesto el fiscal y las acusaciones para presentar sus escritos.

El problema surgió cuando el fiscal y las acusaciones apelaron contra los que habían quedado libres de acusación por sobreseimiento, y Bacigalupo dio a éstos el mismo plazo de cinco meses para formular sus alegaciones. Esta decisión motivó una nueva queja del fiscal y las acusaciones, que alegaron que debe dárseles un plazo de sólo seis días.

Entre los inicialmente inculpados que han quedado exonerados de responsabilidad, y a los que afecta la queja de las acusaciones, figuran el ex secretario de Finanzas del PSOE, Guillermo Galeote, y los banqueros Alfonso Escámez, José Antonio Sáez de Azcúnaga, José. Ángel Sánchez Asiaín y Emilio Ybarra.

En su preceptivo informe a la Sala Segunda, el magistrado califica de "errónea y antijurídica" la pretensión de las acusaciones y reitera que dicho plazo debe concederse para evitar que éstas "resulten escandalosamente favorecidas frente a los inculpados, con el riesgo serio de incumplir el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos".

"Igualdad de armas"

Bacigalupo considera "indudable y evidente" que el objeto de la apelación de las acusaciones es la apertura del juicio oral, para cuya preparación ellas tuvieron cinco meses de plazo. "La única manera de mantener la igualdad dada, en consecuencia, es acordarles un plazo idéntico a los recurridos, para que puedan defender su sobreseimiento y estudiar en este tiempo los más de 20.000 folios que tienen las diligencias", añade el magistrado.El instructor del Supremo recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional obliga a mantener la "igualdad de armas" en el proceso penal, incluida la actual fase. Según el magistrado Bacigalupo, la pretensión de los acusadores desconoce el objeto del recurso contra los sobreseimientos y el alcance de las garantías que la sentencia 66/89 del Constitucional impone a los tribunales e "inclusive al ministerio fiscal".