Protección Ciudadana califica de "disfunciones" que 15 municipios de la región contraten policías sin formación

En la Comunidad de Madrid hay alrededor de 90 ayuntamientos con cuerpo propio de Policía Municipal. La plantilla exacta que este despliegue supone no se puede precisar oficialmente, como ayer reconoció el actual director de Protección Ciudadana del Gobierno regional, Luis Mallo, aunque se presume que cuentan con 7.000 agentes. Santiago Bultos, secretario general del Sindicato Colectivo de Policías Municipales, mayoritario en el sector, aprovechó su encuentro de ayer con los máximos responsables en temas de seguridad del Ejecutivo autonómico-consejero y viceconsejera de Presidencia- para instarles a homologar el funcionamiento de esos cuerpos de seguridad y, sobre todo, a acabar con la contratación directa de policías sin ninguna formación académica por parte de alcaldes de unos 15 municipios. En varios de estos casos, que el sindicalista no quiso precisar, los agentes manejan en su trabajo armas de fuego sin preparación previa.Mallo admitió la veracidad de esta denuncia, pero señaló que no le constaba oficialmente. Calificó esta situación primero como disfunción", y luego como, "irregularidad". La ley autonómica de Coordinación de Policías Locales, aprobada en 1992, es más determinante y prohíbe totalmente esta posibilidad directa de contratación de policías si éstos no han pasado antes por la Academia Regional de Estudios de Seguridad (ARES) los seis meses establecidos para su formación y luego superan otros tres meses de prácticas. Cuando se aprobó esa ley existían en la región numerosos ayuntamientos que no cumplían esa premisa. Sus alcaldes contrataban colmo interinos como señaló Bustos- a los policías que querían y podían pagar, según les facultaba el. Ministerio de Administraciones Públicas. Algunos agentes completaban su jornada con funciones de bombero o enterrador.

La Ley de Policías Locales proponía una "homogenización" de vehículos, uniformes y sobre todo de formación,. para dar un contenido académico común precisamente a esos policías de los ayuntamientos más pequeños y con menos presupuesto. Se preveía una transición de dos años para regular esta situación, que aún no se ha normalizado.