Filesa y GAL principales casos de los 73 pendientes contra aforados

Los casos penales por las acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y Filesa -sobre la presunta financiación ilegal del PSOE- son los más conocidos del total de 73 asuntos pendientes en el Supremo en este momento. Según la secretaria judicial de causas especiales de la Sala Segunda del Supremo, Herminia Palencia Guerra, al 31 de julio de este año los casos pendientes contra aforados eran 102, de los que se han terminado 29. Quedan, por tanto, pendientes 73 casos.La proliferación de querellas contra diputados, senadores y otros aforados, que según la ley deben ser juzgados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha llevado ante el alto tribunal a numerosos parlamentarios. Según Palencia, la mayoría de las querellas son contra senadores, por supuestos delitos cometidos en sus respectivas provincias. En muchos casos la querella fue formulada cuando el ahora aforado no lo era. Al acceder al escaño, el caso pasó al Tribunal Supremo.

Una gran cantidad de querellas que se plantean por injurias o calumnias suelen ser en casi todos los casos archivadas, porque es doctrina de Ja sala que los excesos verbales de los parlamentarios, sea en campaña electoral o en el ejercicio del cargo, suelen estar amparados por la libertad de expresión política. En aplicación de esa doctrina, el Supremo, absolvió recientemente al ex presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, de una de las varias querellas contra él.

Prevaricación y malversación

La mayoría de los asuntos contra aforados que se tramitan actualmente en la Sala Segunda lo son por delitos de prevaricación [dictar resolución injusta a sabiendas] o malversación de caudales públicos. Uno de los últimos condenados ha sido Miguel Pérez Villar, consejero de Economía de la Junta de Castilla y León durante la etapa que la presidía el actual líder del PP, José María Aznar. Pérez Villar ha sido condenado por el Supremo a ocho años de inhabilitación por prevaricación y fraude.Además de los diputados y senadores, la ley prevé que sean enjuiciados por la Sala Segunda del Supremo los miembros de este alto tribunal y del Constitucional, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Audiencia Nacional y tribunales superiores de Justicia, así como el fiscal general del Estado, presidentes de altos órganos y defensor del Pueblo.

Una de las querellas pendientes por injurias es la dirigida contra un magistrado y actual vocal del CGPJ, Javier Gómez de Liaño, por el también vocal del CGPJ Andrés de la Oliva, por las desavenencias entre ambos, con ocasión del voto particular formulado por De la Oliva en contra del acuerdo que limitó, las funciones del juez instructor del caso Banesto, Manuel García-Castellón Gómez de Liaño llamó a De la Oliva "abyecto", entre otros epítetos.