La Fiscalía pide penas de hasta ocho años y medio de prisión para los siete investigados por el incendio de las discotecas de Murcia

La Fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral contra los siete investigados por el incendio en dos discotecas de Murcia en el que fallecieron 13 personas el 1 de octubre de 2023. El Ministerio Público los considera responsables de delitos de homicidio por imprudencia grave, de lesiones y contra los derechos de los trabajadores, y pide para ellos penas que oscilan entre los 8 años y medio y los cuatro años de prisión. Para los familiares de los fallecidos, los heridos y los propietarios de negocios colindantes que sufrieron daños materiales, solicita indemnizaciones que rozan los 5,3 millones de euros.

El fiscal responde así a la petición de la jueza de instrucción que ha investigado este trágico suceso, y que el pasado mes de febrero solicitó a las partes que se pronunciaran sobre la apertura de juicio oral. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el fiscal pide sentar en el banquillo a Daniel R. R., gerente de la discoteca Fonda Milagros, donde fallecieron las trece víctimas, así como a Juan I. R. y Marco Andrés M. A., administradores de Teatre, donde se originó el fuego. Acusa igualmente a Eva María M. A., encargada de esa discoteca, y considera que todos ellos son responsables de 13 delitos de homicidio por imprudencia grave “de notoria gravedad con número de fallecidos muy elevado”, cinco delitos de lesiones por imprudencia grave y un delito contra la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores, y pide para ellos sendas penas de ocho años y medio de cárcel.

La misma pena solicita también para Carlos José F. B., ingeniero que hizo el proyecto para dividir en dos la nave industrial en la que se ubicaban los dos locales, y al que imputa los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave.

Acusa también Alfonso G. M., propietario de una máquina de chispas o fuegos fríos cuyo uso negligente se considera que originó el incendio, y solicita para él siete años y nueve meses de prisión. El último de los acusados es Juan Carlos R. R., el disk jockey que organizó la fiesta temática que se celebraba en Teatre la noche del incendio, y para quien pide cuatro años de cárcel.

A lo largo del escrito de acusación, de más de 60 páginas, el fiscal hace un detallado repaso de la situación de las discotecas, que ocupaban una misma nave industrial que fue dividida en dos en 2017, una modificación, advierte el Ministerio Público, que contribuyó “de forma decisiva” a la “situación de riesgo para las personas” y a la rápida propagación del fuego de un local al otro la noche del incendio. Aquella madrugada, recuerda, las salas estaban abiertas a pesar de que no tenían licencia para ello, una situación que conocían sus cuatro responsables. El Ayuntamiento de Murcia no había autorizado la división del local, había ordenado el cese de actividad y había requerido en diversas ocasiones que se legalizase la situación, cosa que no se hizo. Los propietarios de los locales, apunta el auto, “eran plenamente conscientes de que la actividad que desarrollaban generaba un riesgo para la integridad de las personas, al no contar con la verificación de la administración competente del cumplimiento de las medidas de seguridad y contra incendios aplicables”. Añade también que las salas no contaban con planes de emergencias o de seguridad contra incendios debidamente autorizado por la administración, y que la separación en dos de la nave se llevó a cabo incumpliendo las medidas de seguridad que establece la ley en relación con la compartimentación, salidas de emergencia, conductos de ventilación, fachadas o cubiertas, entre otras, a pesar de las advertencias del Ayuntamiento.

En cuanto a los trabajadores de las discotecas, la Fiscalía apunta a que no recibieron formación en materia de prevención de riesgos laborales, ni de prevención ante incendios, y sobre el uso de las máquinas de fuegos fríos, considera que tanto la gerente de Teatre, como el organizador de la fiesta y, sobre todo, su propietario, “incurrieron en una grave omisión del deber de cuidado” en relación con su uso, actuando de forma “gravemente imprudente”, sin tomar “ninguna cautela” sobre los posibles riesgos para los asistentes a la fiesta.

El fiscal propone que pasen por el juicio más de 80 testigos y 15 peritos, y establece en su escrito también las indemnizaciones que considera que deben recibir las víctimas. En concreto, calcula más de 4,3 millones de euros para los familiares de los trece fallecidos, y otros 38.000 euros para 12 personas que sufrieron diferentes lesiones y secuelas durante el incendio. Además, calcula una suma de casi 865.000 euros para los propietarios de la nave y los de negocios colindantes que sufrieron daños materiales durante el incendio. Para ello, declaró responsables civiles directas a las aseguradoras de las dos discotecas y del disk jockey que organizó la fiesta, y a la mercantil Teatre como responsable civil subsidiaria.