Jueces y catedráticos

La deseada puntería en la designación de instructor del caso GAL tiene en cuenta, por parte de unos y de otros sectores, la tendencia ideológica de los distintos magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pero además existen también afinidades o descalificaciones por el origen judicial del cargo o la procedencia de la cátedra. Los magistrados de carrera -más aún si ingresaron por oposición- suelen experimentar un prejuicio profesional hacia los que proceden de otras carreras jurídicas, especialmente si no han sido aplicadores del derecho. De ahí que prefieran a un antiguo fiscal que a un catedrático.Fuentes del Supremo atribuyen a un importante magistrado de la sala una actitud de desdén hacia las capacidades como posible instructor de Enrique Bacigalupo, catedrático de Derecho Penal, desde una concepción de que la función instructora sólo la saben ejercer quienes han llegado al Supremo tras empezar desde abajo, en juzgados pequeños. La lenta instrucción del caso Filesa a cargo del también magistrado procedente de la cátedra de Derecho Penal Marino Barbero es un argumento de difícil objeción.

La ley no distingue entre unos y otros magistrados, por lo que todos pueden ser designados instructores y cualquier procedimiento para alterar el "turno preestablecido" es considerado por un magistrado "un sistema amañado". En todo caso, es más importante la orientación ideológica de cada uno, especialmente ante un caso de indudables connotaciones políticas.

Existe consenso entre quienes conocen a los 13 magistrados en que, con distintos matices, Fernando Cotta, Francisco Soto, Luis Román Puerta, Joaquín Delgado y José Manuel Martínez-Pereda son conservadores, mientras Barbero es centrista y los restantes siete magistrados son progresistas: José, Augusto de Vega, Ramón Montero, Eduardo Moner, Enrique Bacigalupo, José Antonio Martín Pallín, Joaquín Martín Canivell y Cándido Conde-Pumpido Tourón.