La Iglesia aboga por la legalización de todos los inmigrantes

"Hay 100.000 inmigrantes ilegales en España, y la Iglesia aboga por tender a la legalización de todos", dijo ayer José Magaña, responsable de Inmigración de la Conferencia Episcopal, en la presentación del documento La inmigración en España: desafío a la sociedad y la Iglesia españolas, elaborado con la colaboración del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas. "La situación de esas personas es la de esclavos de nuestra época", definió Juan García-Santacruz, obispo de Guadix-Baza y vocal episcopal de Migraciones. Un ejemplo sangrante de las penurias de los inmigrantes flotó en la presentación del estudio. El pasado lunes la policía cargó con botes de humo en Ceuta sobre una concentración de africanos, algunos de los cuales lleva dos años malviviendo en el recinto de las murallas, sin poder acceder legalmente a España y rechazados también por Marruecos. Once inmigrantes fueron ingresados en urgencias. "Son 250 subsaharianos y 50 argelinos en esa situación", dice Magaña. "Atraídos por el mundo rico, han caído en una ratonera. Si fuesen cerdos, las asociaciones protectoras de animales ya habrían clamado al cielo. El párroco de Nuestra Señora de África y voluntarios de la parroquia se las han ingeniado, hasta ahora, para alimentarles con las sobras de los cuarteles y proporcionales colchones. Pero la solución tiene que ser administrativa", añade. Ayer, la delegación de Gobierno de Ceuta aseguré que se permitirá a veinte de los inmigrantes a viajar a un centro de la Cruz Roja en Madrid.

"El plan gubernamental para la Integración Social de los Inmigrantes aprobado en 1994 puede quedarse en mera declaración de intenciones, si no se reforma sensatamente el reglamento de la Ley de Extranjería", advierten José María Ruiz de Huidobro y Rosa Aparicio, de la Universidad de Comillas y autores del documento episcopal. "Hasta ahora la política oficial consistía en legalizar a quienes habían entrado, pero para 1995 se prevé un cupo de 25.000, de los cuales 17.000 son un remanente del año pasado. Por tanto, sólo se va a admitir a 8.000. De ellos, 5.500 serán fundamentalmente magrebíes e irán a la agricultura, y 2.500 serán mujeres iberoamericanas y también magrebíes, que trabajarán en el servicio doméstico", añaden.

"Se olvida peligrosamente a los desplazados, que generalmente huyen de la violencia y del hambre", dice Magaña. "Cuando se habla de política de cupos, no entran en los cálculos, pese a que son justamente quienes luego, al intentar sobrevivir, pueden ocasionar problemas".