No son métodos

SERÍA INGENUO desechar el arma de la presión en unas negociaciones, como las de la pesca en Marruecos, en las que España se juega una parte importante del ya de por sí negro futuro de su industria pesquera. Pero ese arma debe circunscribirse al uso inteligente de las bazas que se tienen entre manos y siempre desde la razón y desde la legalidad. Nunca desde la calle y con medidas de fuerza.A los pescadores andaluces les interesa, más que a nadie, que las negociaciones de Bruselas concluyan de la manera más favorable a sus intereses. Está en juego nada menos que su trabajo. Es lógico, pues, que les preocupe la actual paralización del proceso negociador y que les inquiete la incertidumbre de sus resultados. Y que intenten también influir en los negociadores europeos y en el Gobierno español para que se tengan en cuenta lo más posible sus puntos de vista.

Pero el camino que han elegido algunos es equivocado, además de ilegal. También puede ser el más contraproducente para que sus legítimos intereses sean atendidos como deben en la mesa de negociaciones. Lo es dedicarse a arrojar al asfalto el pescado de los camiones que llegan al puerto de Algeciras con pesca e impedir su tránsito hacia los mercados europeos. Pero todavía es más lamentable que los responsables de las cofradías de pescadores no sólo no corten esos brotes de violencia, sino que los alienten. Quienes les animan, desde posiciones de un nacionalismo de campanario, a seguir en esa actitud no son precisamente los que pagarían los platos rotos en el supuesto de una ruptura de negociaciones o de un mayor endurecimiento de las posiciones de Marruecos.

Las autoridades no pueden quedarse con los brazos cruzados ni mirar hacia otro lado cuando se arroja el pescado al asfalto o se impide la circulación de los camiones marroquíes. Es su responsabilidad garantizar la seguridad pública, el libre tránsito de mercancías y el respeto de los bienes ajenos. Y también lo es impedir situaciones que pueden causar más daño que beneficio al desarrollo de las negociaciones en curso. De ahí que resulten incomprensibles la pasividad o la impotencia con que están actuando la Guardia Civil y la policía ante lo que sucede en el puerto de Algeciras. Esa actitud es al menos tan incomprensible como la de las autoridades francesas cuando permanecen impasibles ante los actos vandálicos cometidos por los agricultores de su país contra los camiones cargados de frutas y verduras procedentes de España.

La Junta de Andalucía ha elegido, por el contrario, un camino que, sin salirse de la legalidad en absoluto, puede hacer entender a Marruecos que el trasiego de su pescado por los puertos y por el territorio españoles está sujeto a condiciones que no pueden dejar de cumplir: las exigidas por las directivas europeas sobre el control fitosanitario de las mercancías procedentes de terceros países. Aplicar a rajatabla esas condiciones de control es obligado en cualquier circunstancia, pero todavía más cuando el país que se beneficia de ese mercado libre pretende imponer contrapartidas excesivamente onerosas al uso de sus bancos de pesca. Ese control debería ser suficiente para que los pescadores andaluces abandonaran el arriesgado e inaceptable método de tomarse la justicia por su mano.

España, y más en concreto, los pescadores andaluces, necesitan como el comer un acuerdo equilibrado y realista de pesca con Marruecos. Pero también marruecos lo necesita. El mercado español y el europeo son esenciales para sus productos de pesca. Necesita, por lo demás, las inversiones y las técnicas pesqueras españolas y europeas. Son bazas que pueden y deben jugarse con inteligencia y tesón en la mesa de negociaciones. Pero nunca en la calle. Salvo que se quiera enredar todavía más una partida ya de por sí harto complicada.