El juez instructor del 'caso Filesa' entiende que Alfonso Guerra pudo cometer un delito electoral

El juez que instruye el caso Filesa, Marino Barbero, ha entendido que el vicesecreatario general del PSOE, Alfonso Guerra, pudo incurrir en un eventual delito electoralcomo coordinador general de la campaña en las elecciones generales de 1989. "Antes de solicitar al Congreso de los Diputados el correspondiente suplicatorio para proceder con todas las consecuencias legalescontra Alfonso Guerra", dice la resolución, el juez ha pedido al fiscal que emita un dictamen en el plazo de 10 días y ha dado traslado a las demás partes para alegaciones.

La resolución judicial responde a la solicitud del abogado Marcos García Montes, representante legal de José María Ruíz Mateos, para que el juez tome declaración como inculpado al número 2 del PSOE, previo envío de un suplicatorio al Congreso. La decisión de remitir el suplicatorio a la Cámara alta, previa propuesta detallada en ese sentido por el juez Barbero, corresponde a la Sala Segunda del Supremo.El presidente del Gobierno, Felipe González, manifestó ayer su extrañeza tras saber de la resolución. "Me extraña mucho, porque Guerra nunca ha tenido ninguna responsabilidad administrativa en las campañas electorales", señaló. González declinó decir nada más "para no interferir" en la labor judicial.

La resolución de Barbero no menciona el delito electoral de que se acusaría a Guerra y sólo de forma genérica se refiere a los artículos " 139 y siguientes" de la ley orgánica del Régimen Electoral General. Del capítulo de delitos electorales, el más cercano a los hechos sería el 149, según el cual "los administradores generales y de las candidaturas de los partidos ( ... ) que falseen las cuentas, usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables serán castigados con la pena de prisión menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas".

La inculpación de Guerra consistiría en haber alterado las cuentas electorales omitiendo las aportaciones recibidas de Filesa, y que los peritos adscritos al caso cuantiicaron en unos mil millones.

Fuentes jurídicas próximas al sumario, indicaron que Barbero quiere que el ministerio fiscal se retrate sobre si Guerra pudo incurrir en dicho delito, después de que el fiscal del caso, Antonio Salinas, desistiese la semana pasada de pronunciarse sobre el envío de un suplicatorio para proceder contra el ex vicepresidente.

El fiscal del Estado, Carlos Granados, vetó un escrito de Salinas apoyando el suplicatorio tras considerar que el delito electoral es sólo atribuible a quien materialmente falsea la contabilidad de la campaña electoral. Por ello, la propuesta de suplicatorio podría, en su caso, considerar a Guerra como inductor de delito, según fuentes próximas a la causa.

Fuentes de la defensa del caso Filesa apuntaron, sin embargo, que la pena máxima que lleva aparejado el artículo 149 de la ley electoral es la de prisión menor, es decir, seis años, y los delitos que llevan aparejada esa pena prescriben a los cinco años. Dado que la campaña en la que Guerra habría eventualmente delinquido se celebró en octubre de 1989, el delito, según estas fuentes, podría haber prescrito en octubre de 1994.

En la misma resolución, Barbero rechaza, alegando razones de "prudencia", la solicitud de García Montes para que el magistrado acordase la prisión del senador socialista Josep Maria Sala, el ex diputado Carlos Navarro, el exadministrador de Filesa Luis Oliveró, el ex secretario de Finanzas, Guillermo Galeote, el administador electoral Ramón Moreda Luna y la ex coordinadora de finanzas del PSOE Aida Álvarez. Ésta última declaró ayer ante el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid en relación a una causa desglosada del caso Filesa, según recoge Efe, si bien no ha trascendido en que concepto compareció ni en relación a que caso concreto.

Barbero ha citado a cuatro empresarios para que declaren como inculpados de falsedad en documento mercantil, y tres de ellos también por apropiación indebida y delito fiscal, en el casa Filesa. Los citados son Francisco Mas Sardá, ex presidente de Fomento de Obras y Construcciones; José Luis Sánchez de la Torre, ex director general de FOCSA; Jean Claude Pontal, ex consejero delegado de Pryca, y José Luis Garcia Gordillo, presidente de Austral Ingeniería.