El Parlamento catalán indaga una operación urbanística de un cuñado del consejero Cullell

Joan Anton Solans, director general de Urbanismo de Cataluña, sostuvo ayer en el Parlamento autonómico que ignoraba que Joan Vilaró, el promotor de la polémica urbanización de La Riera, en Sant Pere de Torelló (Barcelona) fuera cuñado de Josep Maria Cullell, consejero de Política Territorial. La oposición no le creyó. Más tarde, a preguntas de los diputados, Solans tuvo que admitir que en un momento de la operación se enteró de la identidad y parentesco del promotor.Todos los grupos le acusaron de haber legalizado en tiempo récord un proyecto urbanístico con importantes irregularidades cuya única justificación, según la oposición, era el enriquecimiento de Vilaró con dinero procedente de la Generalitat.

Solans compareció ayer en el Parlamento catalán para explicar la actuación de la Generalitat en el caso La Riera. Se trata de una operación para cuya realización fue necesario recalificar unos terrenos considerados reserva natural de interés local, propiedad del cuñado de Cullel. La recalificación se hizo cuando el consejero de Política Territorial era Joaquim Molins, hoy diputado en el Congreso.

Desde su inicio la operación levantó una fuerte oposición por parte de grupos ecologistas. El Juzgado de Primera Instancia número 31 de Barcelona tramita una querella presentada por un concejal de la oposición contra Vilaró y contra el alcalde de Sant Pere, Ramon Vaqué, por presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Crédito oficial

Una vez conseguida la recalificación, Vilaró vendió los terrenos al propio Ayuntamiento, que pagó por ellos 159 millones, el triple del valor que tenían antes de ser recalificados. El municipio hizo frente a estos pagos gracias a ayudas de la Generalitat.Para que la operación pudiera ser llevada fue necesaria la intervención de los departamentos de Política Territorial, Bienestar Social, Economía y Finanzas, Gobernación y Medio Ambiente. Entre todos estos departamentos han aportado 381 millones de pesetas, de los que 159 han servido para pagar el terreno. Solans no desmintió ninguno de los extremos, argumentados por la oposición con profusión de datos. Alegó que él solo se ocupaba de la legalidad urbanística.