La juez de Marbella rechaza los cargos que le imputa el fiscal

La juez de Marbella Blanca Esther Díez rechazó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) todos los cargos de los que le acusa el fiscal y por los que solicita una pena de dos años de prisión y 14 de inhabilitación. El fiscal, Luis Portero, imputa a la magistrada falsedad en documento público, retardo malicioso en la administración de justicia, revelación de secreto y privación de los derechos cívicos.En la primera sesión del juicio, Díez, que compareció vestida con la toga judicial, reafirmó su creencia de que habían existido indicios de fraude en la venta del casino del hotel Andalucía Plaza, de Marbella, y que un ex oficial de la Administración de Justicia marbellí estaba implicado.

Blanca Esther Díez mantuvo que su actuación fue correcta en la instrucción de la causa que siguió contra el ex funcionario judicial Juan Ramírez y otros dos ciudadanos italianos a los que ordenó encarcelar durante un mes por su presunta participación en una estafa. La juez negó que hubiera filtrado el contenido de la causa a los medios de comunicación ya que, según dijo, fue ella misma quien decretó el secreto del sumario.

Según Díez, el 25 de marzo de 1993 recibió en su juzgado la querella del italiano Gioacchino del Din contra dos compatriotas, Gianni Meninno y Felice Cultrera, por la venta fraudulenta del casino a través de un entramado de sociedades fantasma. El denunciante le informó que Ramírez estaba también implicado, pero que no lo hacía constar por miedo a que la querella fuese archivada, dado que una hija de éste era titular de otro juzgado marbellí.

Intervenciones telefónicas

Aquellos hechos llevaron a la juez a investigar a Ramírez e intervenir su teléfonó, descubriendo que mantenía conversaciones con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Luis Manzanares. Ello provocó que Díez diera a conocer públicamente que se inhibía del caso. Una investigación del CGPJ eximió a Manzanares de cualquier implicación.Díez, que rehusó contestar las preguntas de la acusación particular, afirmó que el nombre del oficial del juzgado se encontraba en una relación de pagos de Meninno y Cultrera y que, además, recibió cuatro millones de pesetas pocos días después de haberse hecho efectivo el importe de unas letras entregadas por el querellante Del. Din.

La juez negó que hubiera retardado maliciosamente el proceso judicial al no dar curso a varias recusaciones presentadas contra ella por allegados a Ramírez, y justificó la dilatación del procedimiento en la cantidad de recursos que tuvo que tramitar y en otras diligencias de las que tenía que hacerse cargo.