Guerra y paz en el golfo

PARA QUE nadie se tome la justicia por su mano es imprescindible que exista una instancia independiente e imparcial que la imparta. En la guerra del bonito que libran pescadores españoles, franceses, británicos e irlandeses en aguas del golfo de Vizcaya, lo que se echa en falta es esa instancia capaz de hacer cumplir la ley y de sancionar a quien la infrinja.El abordaje por pesqueros españoles de un barco británico que faenaba con redes de deriva ilegales constituye, como no hace mucho la captura del pesquero francés La Gabrielle por idénticos motivos, un acto de fuerza absolutamente condenable, pero que no puede aislarse del marco de ilegalidad y de impunidad en que se mueven sus competidores. Hasta ahora, los Estados socios de la Unión Europea han puesto más interés en proteger a sus barcos que en exigirles el cumplimiento estricto de las normas comunitarias en materia de pesca. Esa exigencia sólo se ha manifestado cuando se trata de los barcos de la competencia.

La estrategia de mirar hacia otro lado por parte de los Gobiernos ya se sabe adónde lleva: a la exacerbación de los enfrentamientos entre pescadores. Y, de paso, a un riesgo de guerra de patrulleras si cada Gobierno se ve impelido a enviar las suyas al lugar del conflicto con el pretexto de asegurar la paz en el mar. La política de la patrullera puede ser inevitable en algunos momentos, pero no es la forma de solucionar el conflicto. La manera de afrontar el problema -ésta sí acorde con los esquemas y el espíritu de la Unión Europea- sería la aceptación expresa por parte de los Estados miembros de la autoridad de la Comisión de Bruselas en un ámbito en el que ellos no son capaces de ejercer la suya. Si los Estados hacen dejación de sus responsabilidades de inspección y vigilancia pesquera, no hay otra salida que la delegación plena del ejercicio de esas funciones en órganos comunitarios.