Suspendido el interventor de Tres Cantos por exceso de celo

Ramiro Calatayud, tesorero municipal desde hace 30 años, no quiso abandonar ayer su despacho, situado en los barracones del Ayuntamiento de Tres Cantos (19.000 habitantes), sin antes dar salida a todos los documentos pendientes en su mesa. Horas antes, una secretaria le había comunicado por escrito que había sido, por primera vez, suspendido de empleo y sueldo por orden del alcalde, José Luis Rodríguez Eyre. Se le acusa de obstruir decisiones políticas. Las advertencias que efectuaba incomodaban a los miembros del equipo de gobierno."La labor del interventor en un municipio consiste sólo en no abandonar en ningún momento la defensa de los intereses de los ciudadanos", dijo Calatayud, después de afirmar que aún se reserva las acciones correspondientes contra el expediente sancionador, abierto a propuesta de cuatro concejales del equipo de gobierno, miembros de los partidos independientes Tres Cantos Unido (TCU), Agrupación Independiente de Tres Cantos (AITC) y PSOE.

Ahora, una comisión formada por los mismos ediles que han descalificado la labor del interventor iniciará una investigación encabezada por un juez instructor, el concejal socialista Juan Antonio López, que elevará la decisión municipal al Ministerio de Administraciones Públicas. Sin embargo, los miembros del equipo de gobierno tienen clara ya su decisión, es irrevocable. "El interventor obstruye decisiones políticas y extrapola sus informes técnicos a ámbitos que no le competen", manifestó ayer la portavoz municipal, Cristina Arellano.

Una nueva ciudad

Calatayud ha desempeñado las funciones de interventor en varios Ayuntamientos madrileños, entre ellos los de Aranjuez, Valdemoro y Pinto, hasta que en marzo de 1991 consiguió la plaza vacante en el nuevo Ayuntamiento de Tres Cantos, recién segregado del municipio de Colmenar Viejo. "Me gustaba la idea de trabajar en un Ayuntamiento que entonces nacía, en una nueva ciudad y aparentemente tranquila", añadió Calatayud.Tres informes negativos frente a propuestas y partidas presupuestarias ya aprobadas en comisión de gobierno fueron la causa el pasado día 7 de la destitución citada. Para Cristina Arellano, portavoz municipal, "es decisión política recurrir a una partida de 30 millones de pesetas de presupuesto de la concejalía de Obras para ampliar un comedor escolar; comprar canastas de baloncesto o un coche municipal es lícito cuando hay dinero para ello, y el interventor no tiene por qué desautorizarlo".

Por su parte, los concejales de IU, en la oposición, consideran también que "la actitud del interventor es incómoda para un gobierno acostumbrado a hacer y deshacer presupuestos municipales a su antojo".