Un rosario de medidas

El anterior debate sobre el estado de la nación, en 1992 -el año pasado no se celebró, por la convocatoria electoral- fue el marco en que Felipe González detalló el primer catálogo de medidas que su Gobierno iba a adoptar contra la corrupción. Anteriormente, se habían endurecido las incompatibilidades y tipificado el tráfico de influencias. Las medidas pedidas en el debate del 92 pueden resumirse en estos puntos:1.- Las empresas que participen en un acto irregular, judicialmente probado, no podrán volver a contratar con las Administraciones Públicas.

2.- Endurecimiento de las sanciones por irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

3.- Revisión de la financiación de los partidos.

4.- Reducción severa de los gastos electorales.

El 2 de octubre de 1992, el Consejo de Ministros daba luz verde al primero de esos compromisos, con la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, pero fue aparcada por la convocatoria de elecciones. El Ejecutivo ha vuelto a prometer recientemente su rápida tramitación.

En el debate de investidura, el 9 y el 10 de julio de 1993, González describió con minuciosidad los cuatro grandes objetivos del Gobierno para esta legislatura, entre ellos una serie de medidas de impulso democrático.

Entre ellas, había algunas medidas para combatir el fraude y la corrupción: la puesta en marcha de una unidad especial contra el fraude, presidida por el ministro de Economía, Pedro Solbes, la ley de partidos y la reforma de la financiación y del sistema electoral, en la que el Gobierno propuso a los partidos la prohibición de donaciones anónimas, tanto de entidades mercantiles como de todas las personas jurídicas.