Condenado después de pagar

El pasado 15 de julio el empresario leridano Florencio Solans Sangrá, de 76 años, que había ocultado a Hacienda unos beneficios de 600 millones de pesetas fue condenado a una multa de 170 millones por delito fiscal y a seis meses de cárcel, por falsedad. El industrial había sido absuelto en primera instancia por entender el juez que el delito fiscal de Solans se extinguió cuando regularizó su situación tributaria con la compra de 600 millones de deuda especial. La Audiencia de Lérida se basó en un auto de la Audiencia Nacional que revocaba el archivo del caso del IVA.Esta resolución causó honda preocupación en medios tributarios, ya que alrededor de 70.000 personas podrían verse afectadas por las tesis punitivas de la Audiencia Nacional. Hacienda acogió con recelo la noticia ya que al no tener efectos la regularización, las decenas de miles de contribuyentes que tienen suscritos 1,8 billones, de pesetas en deuda especial a un bajísimo interés (a un 2% durante seis años) podrían, entre otras medidas, solicitar su amortización anticipada.

Carlos Sauret, miembro del equipo de abogados de Solans, ha anunciado que éste recurrirá al Tribunal Constitucional por haberse vulnerado el principio de legalidad.