Consenso y equilibrio

El documento enviado por el Gobierno al CES incide en varias ocasiones en la bondad de conseguir un consenso con los agentes sociales y en mantener el equilibrio en los intereses contrapuestos de empresarios y trabajadores.El Gobierno "está decidido a llevar adelante esta reforma" pero confía que bien como resultado del propio debate o "por influencia de las medidas de reforma que se adopten por los poderes públicos, los interlocutores sociales asuman responsablemente su papel y hagan frente a los desafíos que el nuevo entorno plantea al sistema de relaciones laborales". "La asunción por parte de cada uno de los agentes sociales de las responsabilidades que le competen deseablemente debería verse complementada por un exquisito respeto a un irrenunciable equilibrio en el reparto de las modificaciones que afecten a los intereses contrapuestos de los agentes sociales. No conviene olvidar que una buena parte de la regulación actualmente vigente procede de un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, y que no sería deseable que una eventual modificación de la regulación actual no fuese nuevamente del mayor grado de consenso posible entre intereses profesionales".

En el nuevo modelo el Estado continuará fijando normas de derecho mínimo necesarias para que los interlocutores sociales desarrollen su autonomía. En este sentido, se defiende reforzar los mecanismos de consulta y negociación entre empresarios y trabajadores previos a las tomas de decisión que los empleadores decidan "para garantizar la supervivencia de la empresa y el mantenimiento del mayor empleo posible". Pero además, el modelo debe garantizar que las medidas necesarias se lleven a cabo, incluso sin acuerdo entre las partes, en cuyo caso "y como ocurre en nuestro entorno europeo" las medidas adoptadas deben "someterse al control jurisdiccional posterior". Se aboga, pues, por una redefinición del papel de la Administración "eliminando aquéllas cuestiones cuasi jurisdiccionales que perviven como anacrónicos residuos del sistema preconstitucional de relaciones laborales".

El informe mantiene que la modernidad de la legislación española "es más aparente que real" ya que todavía pervive gran parte de la legislación franquista.