Un quebranto de 2.900 millones

Entre 1981 y junio de 1990, la Generalitat tuvo que pagar 1.698 millones de pesetas por primeros avales concedidos hasta 1985 a propuesta de la CARIC a 42 empresas que no devolvieron los créditos que les habían sido concedidos. A esa cantidad debe añadirse 343,9 millones por avales concedidos directamente por el Consell Executiu a otras cinco empresas que tampoco hicieron frente a sus créditos y otros 865 millones por avales concedidos mediante ley o decreto. En total, el tesoro público catalán pagó casi 2.907 millones de pesetas (amortización más intereses) como avalista de créditos no pagados parcial o totalmente.Algunas de estas empresas estaban vinculadas a personas relacionadas con Convergència Democrática. El aval a Enrique Garrell Alsina, SA (EGASA) le costó a la Generalitat 111 millones de pesetas. Era propiedad del diputado de CiU por Barcelona del mismo nombre, que asociado con la empresa Metrelec (de la que es accionista el consejero Alavedra) formó en 1976 la sociedad Metrega.

Puntextil costó 18,7 millones al tesoro público y Subirá y Cía 40 millones. Pertenecían a la familia de Antoni Subirá. En 1989, antes de ser nombrado consejero de Industria, su familia pagó 60 millones para liquidar la deuda.