La reforma que propone el Gobierno vulnera la Constitución, según algunos catedráticos

Especialistas en Derecho del Trabajo y en Derecho Constitucional consideran que la reforma del Instituto Nacional de Empleo que propone el Gobierno tiene un difícil encaje en el marco legal vigente. En concreto, los expertos consultados creen que la reforma supondría, en el mejor caso, "una lectura osada" del artículo 41 de la Constitución. Dicho artículo establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo".Para el constitucionalista y ex ministro de Trabajo con UCD, Manuel Jiménez de Parga "la reforma, tal y como ha sido expuesta, no tiene encaje en la Constitución". El artículo 41, según Jiménez de Parga, recoge, no por casualidad, el término "régimen público". En su opinión, no cabe la excusa de que sería posible, como en otros casos, la gestión privada de un servicio público "puesto que el artículo 41 no habla de servicio, sino de régimen público".

El constitucionalista Diego López Garrido comparte la idea de que la reforma es inconstitucional puesto que "si no contempla al Estado como garante último y asegurador de las prestaciones, choca con el artículo 41 de la Constitución".

Más moderado, el catedrático de Derecho del Trabajo, Juan Antonio Sagardoy, considera que "sería posible una lectura osada del artículo 41 [en el sentido que propone el Gobierno], considerando las prestaciones contributivas como un complemento de un sistema básico y asegurado por el Estado centrado en las pensiones asistenciales". No obstante, puntualiza que tal lectura supondría "un giro de 180 grados en el sistema de Seguridad Social, criticable desde el punto de vista cuantitativo y menos solidario que el actual". Frente a la visión jurídica, el economista y premio Príncipe de Asturias 1992, Juan Velarde, aseguró ayer que la reforma adelantada por el ministro Solchaga supondrá "una importante mejora" para el Inem, "una institución que estaba anquilosada". La polémica en torno al artículo 41 de la Constitución no es nueva y se planteó antes de la reforma de la ILT. El Gobierno estudió pasar su gestión a una mutua, pero, según el Ministerio de Trabajo, tendría difícil encaje legal fijar una cotización obligatoria para una entidad desvinculada del sistema público de Seguridad Social.