IU pedirá que el presidente del Tribunal de Cuentas informe con urgencia al Congreso sobre el "caso Filesa"
El diputado de Izquierda Unida, Jerónimo Andreu anunció ayer que su grupo pedirá la comparecencia urgente en el Congreso del presidente del Tribunal de Cuentas, Adolfo Carretero, para que se pronuncie acerca de la polémica suscitada por el uso de su voto de calidad para aprobar el informe de dicho organismo fiscalizador en torno al caso Filesa, que exculpa al PSOE de las acusaciones de financiación irregular.
El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el jueves el informe Filesa con seis votos a favor, los de los consejeros propuestos por el PSOE, y seis en contra, los de los cinco consejeros propuestos por el Partido Popular más el del físcal. El consejero consensuado entre ambos partidos, Miguel Álvarez Bonald, se abstuvo.
El valor adicional del voto del presidente deshizo el empate en favor de la aprobación del dictamen, que será remitido a la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Tribunal de Cuentas junto con los seis votos particulares que previsiblemente se presentarán el lunes, cuando concluya el plazo legal. En principio, el debate en el Congreso debería producirse en septiembre'.
Rodrigo Rato, portavoz del Grupo Popular, declaró áyer que "Carretero tendrá que comparecer en el Congreso, le guste o no, a presentar el informe Filesa" y deberá explicar Ios motivos de haber utilizado una capacidad tan importante como es el voto de calidad para decidir un empate. en una cuestión tan discutible como el tema Filesa".
Por otra parte, el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, ha remitido al Tribunal de Cuentas la documentación sobrelas auditorías de RTVE que recientemente le envió el vicesecretario general M Partido Popular, Javier Arenas. Hernández se lo ha comunicado así al propio Arenas, quien comentó que los socialistas "ya han encontrado el lugar donde archivar los procesos contra el PSOE y sus directivos: el Tribunal de Cuentas".
Rato subrayó que la remisión de la documentación al Tribunal de Cuentas "no exime al fiscal general de investigar lo que se contiene en las auditorías, que pueden suponer acciones penales por parte de la fiscalías".
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