El campo y la CE

LA REFORMA agraria de la CE, aprobada en Bruselas por los ministros de Agricultura de los Doce tras casi un año de debates, entierra el modelo que ha permitido a Europa en los últimos 30 años pasar de un déficit alimentario a la acumulación crónica de excedentes. La nueva política agrícola común (PAC) se basa en el recorte de precios para alinearlos a los del mercado internacional e impulsar por esta vía una agricultura más competitiva que limite su coste presupuestario creciente. Una vez claramente definida, la reforma abre también la vía a un acuerdo en la negociación de la Ronda Uruguay del GATT, a pesar de las protestas de Estados Unidos y otros competidores contra el elevado nivel de las ayudas que la Comunidad mantiene aún para el campo.La futura política agrícola común es un ultimátum contra la pervivencia de explotaciones ineficientes, con el abandono obligado del 15% de las tierras arables mediante ayudas de compensación. Para España y otros países del sur, además de poner fin a la incertidumbre, tal política representa una plataforma válida para transferir eficiencia al campo. Al mismo tiempo, da un paso en la solución razonable del problema social y humano más grave de la agricultura: la jubilación anticipada de los agricultores mayores de 55 años. La CE pagará hasta el 75% del coste de 1,3 millones de pesetas anuales por este concepto en las regiones más desfavorecidas, mientras que en el resto el porcentaje será del 50%. Al campo español se le ofrece la ocasión de mejorar la rentabilidad y la dimensión de sus explotaciones y de diversificar un medio dependiente casi exclusivamente del fruto de la tierra. No hay que olvidar que el campo español destaca por una población agraria activa del 10% (superior en cuatro puntos a la media comunitaria) y una pirámide de agricultores cercanos a la jubilación.

El borrón de este acuerdo es el voto negativo de Italia y su amenaza de llevar este tema a la cumbre de Lisboa. Una minoría de bloqueo, formada también por España y Grecia, hizo pender de un hilo hasta el final la aprobación de la reforma por culpa de un problema pendiente que nada tenía que ver en principio con las medidas adoptadas: la guerra de la leche. A la postre, el resultado ha sido aceptable para España: la Comunidad concede a España un aumento de 650.000 toneladas en la cuota y financiará el rescate de hasta 200.000 toneladas más. Con esta solución, el problema de excedentes dejará de existir y permitirá por primera vez imponer control en un sector que ha crecido espectacularmente desde el ingreso en la CE.

Sin embargo, la profunda crisis política que vive Italia, uno de los países fundadores de la CE, pone en dificultades los acuerdos alcanzados. Su actual Gobierno dimisionario se opone a la financiación de los excedentes de leche al tiempo que el Tratado de Maastricht le exige a Italia pasar de beneficiario neto a contribuyente. Italia paga al presupuesto de la CE un 40% menos de lo que le correspondería teóricamente, pero amenaza con mezclar en la cumbre de Lisboa las cuotas lácteas con el dinero de la cohesión. Mala noticia para España.