Borrón y cuenta nueva a partir del 93

El Ministerio de Sanidad y Consumo está negociando con el Ministerio de Hacienda el incremento de los presupuestos sanitarios, por primera vez, hasta sus necesidades reales. Hasta ahora, el presupuesto oficial del Insalud ha venido sufriendo desviaciones en torno al 17% de lo presupuestado. Como consecuencia existe una deuda acumulada de más de 600.000 millones de pesetas, cuya cancelación ha prometido el ministro José Antonio Griñán en el plazo de tres meses. El ministro ha propuesto a los consejeros de Sanidad y Hacienda de las autonomías enjugar el déficit mediante un crédito extraordinario, amortizable en dos o tres años, del que la Administración central asumiría el pago del principal, y las comunidades autónomas, los intereses correspondientes.La fórmula sería aceptada por los consejeros autonómicos, según han confirmado varios de ellos, pero debe ser perfilada con mayor detalle. Todos coinciden, sin embargo, en que la eliminación del déficit, con ser urgente y de vital importancia, no resuelve el problema de la sanidad, por lo que el resultado de la negociación está supeditada a que se perfilen soluciones a largo plazo. Tanto el ministro de Sanidad como los consejeros de las autonomías tienen claro que la sanidad pública no saldrá del atolladero si no se incrementa el presupuesto hasta el nivel del gasto real actual, para no generar un nuevo déficit, y un porcentaje adicional para emprender las reformas que necesita el sistema para mejorar su rendimiento.

El ministro de Sanidad intenta lograr del Gobierno el compromiso de que, tras la cancelación del endeudamiento sanitario, a partir de 1993 el presupuesto sanitario se ajuste al gasto real y se incremente en un 5%. Pero esta pretensión parece no encajar con los planteamientos del Ministerio de Economía, que ha anunciado que los acuerdos de Maastrich exigirán severas contenciones en los presupuestos de sanidad, educación y servicios sociales.

Las cantidades destinadas a sanidad pasaron de 2,1 billones de pesetas en 1991 a 2,4 en 1992, si bien su porcentaje de participación en los gastos generales del Estado ha disminuido del 30% al 29%. "Convergencia con Europa, también en los aspectos sociales", se proclama desde el Ministerio de Sanidad. Aunque en España los gastos de protección social por habitante (que incluye subsidios, pensiones, sanidad y educación) crecieron un 37% en los últimos 10 años, las 154.368 pesetas per cápita están aún lejos de la media europea, que es de 380.000 pesetas, y muy lejos del medio millón por habitante que destina, por ejemplo, Francia. En otros países próximos el crecimiento ha sido más espectacular: en Italia, del 52%; en Portugal, del 55%, y en Grecia, del 86%.