El 'caso Renfe'

DE PROSPERAR las tesis del Grupo Socialista en la comisión parlamentaria que investiga la compraventa de terrenos por Renfe en San Sebastián de los Reyes (Madrid), las conclusiones de la investigación apenas se diferenciarían de las avanzadas por la plana mayor del PSOE con antelación al escándalo. Es decir, que la compraventa de terrenos se hizo al margen de la operación diseñada por la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de la zona sobre el eje ferroviario previsto, que los únicos responsables son los asesores del entonces presidente de Renfe, Julián García Valverde, y que es constitucional la apropiación directa por parte de la Administración de las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos.Tal grado de coincidencia no deja de ser curioso. Si bien no es descartable que los hechos investigados a posteriori coincidan con losjuicios emitidos apriori, tampoco lo es que tal coincidencia sea imputable a fallos de la propia investigación. En todo caso, el análisis de los hechos por parte de los otros grupos parlamentarios de la comisión -populares, CDS e Izquierda Unida- no es el mismo que el del Grupo Socialista, por lo que será del mayor interés conocer sus opiniones singulares. La mayor disparidad se centra en la responsabilidad política de García Valverde. ¿Cómo se explica que institucionalmente se exonere de dicha responsabilidad, como pretenden los socialistas, a quien personalmente consideró justificado asumirla dimitiendo de su cargo de ministro de Sanidad?

La explicación, si se mantiene el dictamen en este sentido, deberá ser tanto más convincente cuanto que la exculpación reforzaría las sospechas sobre la existencia de un inadmisible flujo informativo entre la mayoría socialista de la comisión y el Gobierno sobre el rumbo de la investigación. No es un secreto la resistencia mostrada hasta el último momento por el Ejecutivo a aceptar la necesidad política de la dimisión de García Valverde como ministro de Sanidad. De otro lado, el ponente del informe en la comisión investigadora, el socialista García Arreciado, no ha negado el trasvase de información al Gobierno, si bien ha tenido que recurrir a argumentos pueriles para justificarlo: consultas sobre corrección de estilo y de asesoramiento legal.

A las tareas de la comisión investigadora sobre el caso Renfe se ha atribuido el valor de prueba de fuego de la voluntad de saneamiento de la vida pública. Es evidente que tal prueba no será superada si sus conclusiones tienen la apariencia de ser prefabricadas y contradicen la lógica de los hechos investigados. Se habría desaprovechado, en ese supuesto, una ocasión de oro para insuflar al funcionamiento del sistema político un poco de la confianza necesaria. De entrada, el caso Renfe no va a contribuir a reforzar la credibilidad institucional de la Asamblea de Madrid. Ninguno de los implicados se ha dignado comparecer ante su comisión investigadora. A veces es preferible renunciar a algunas competencias, sobre todo cuando existen instituciones que las ejercen con mayor plenitud, que exponerse aldesaire y al ridículo.